Productor de sandías y votante de Vox: «Vender alimentos de Marruecos como españoles es un riesgo para la salud»

La guerra alimentaria de Europa se libra en el mar de plástico de Almería. Bajo los invernaderos de Níjar, El Ejido o Roquetas de Mar, miles de agricultores sienten que compiten en desigualdad contra un modelo de importación que amenaza su supervivencia. Entre ellos está un productor de sandías y tomates cherry que votará a Vox el próximo domingo en Andalucía y que denuncia lo que considera un fraude masivo al consumidor europeo: «Vender alimentos de Marruecos como españoles es un riesgo para la salud».

Héctor, propietario de una pequeña explotación familiar, abre las puertas de su invernadero a OKDIARIO. Le acompaña el líder de Vox en la provincia, Rodrigo Alonso, un sindicalista convencido que encabezó Solidaridad (el sindicato afín a la formación) durante años hasta que fue nombrado portavoz nacional de Trabajo y Campo. En Almería, los de Abascal obtuvieron el mejor resultado en las pasadas elecciones.

El empresario explica que el campo almeriense ha tenido que reinventarse para seguir siendo competitivo. «Nosotros hemos tenido que especializarnos muchísimo, pero Marruecos nos ha desbancado. Aquí ya no sacamos ni para los gastos», lamenta. El problema, asegura, no es únicamente el bajo coste de producción marroquí, sino que detrás de buena parte de esas explotaciones hay capital europeo.

El fraude del reetiquetado, en el punto de mira

«¿Cuál es la mayor productora de tomate cherry en Marruecos? Azura, una empresa francesa. Bruselas nunca va a legislar contra esas macroempresas porque tienen intereses allí», denuncia. Según explica, ocurre algo similar con los frutos rojos en zonas como Kenitra o Moulay Bousselham, donde empresas europeas producen fresas, frambuesas o arándanos con costes mucho menores que los españoles.

Los agricultores llevan años alertando de un supuesto fraude en el etiquetado. El mecanismo, según describen, es sencillo: productos cultivados en terceros países llegan a España, se reenvasan o reetiquetan y terminan vendiéndose como si fueran nacionales. «Usted puede comprar una fresa pensando que es de Huelva y en realidad viene de Marruecos», asegura.

El diputado autonómico Rodrigo Alonso encara estas elecciones denunciando la competencia desleal de países extracomunitarios y la impunidad de las grandes corporaciones. El de Vox recuerda incluso episodios que considera «escandalosos». «Aquí hubo una gran superficie que en enero vendía melones como producidos en Almería cuando aquí en enero no hay melones», afirma.

Desde Vox han convertido esta batalla en una de sus principales banderas políticas en Andalucía. El partido llevó preguntas parlamentarias sobre el fraude del reetiquetado tanto a la exconsejera de Agricultura, Carmen Crespo, como al actual consejero, Ramón Fernández-Pacheco, ambos almerienses. Según denuncia, «nunca obtuvieron una respuesta concreta sobre las empresas implicadas».

Una de las exigencias de Vox en las negociaciones presupuestarias de la primera legislatura de Juanma Moreno para investirlo presidente fue la creación de una oficina específica de lucha contra el fraude en el reetiquetado. «Era una parte del acuerdo presupuestario y Moreno Bonilla la incumplió», critica desde la formación.

Vox también ha insistido en endurecer las sanciones previstas en la Ley de Salud Pública de Andalucía. Actualmente, explican, el fraude en el etiquetado está considerado una infracción leve con multas de hasta 3.000 euros. Vox proponía elevarlo a infracción muy grave, con sanciones de hasta 600.000 euros. Esa medida, aseguran, sí ha sido incluida en acuerdos autonómicos alcanzados por la formación en Aragón y Extremadura.

La cuestión no es únicamente económica, sino sanitaria, señalan ambos. «Hay productos fitosanitarios que aquí se prohibieron hace 20 años por cancerígenos y que siguen siendo legales en terceros países», alerta el productor. Él mismo señala que su explotación está sometida a controles y certificaciones como GlobalGAP, con inspecciones constantes sobre trazabilidad y uso de productos.

«Si el consumidor consume eso creyendo que es producto de Almería, está asumiendo un riesgo brutal», advierte. Y pone otro ejemplo que considera absurdo: la importación de sandías desde Brasil o Panamá mientras Bruselas impulsa políticas verdes. «Nos dicen que el acuerdo con Mercosur es neutro en carbono. ¿Cómo va a contaminar menos una sandía que cruza el Atlántico que una cultivada aquí en Níjar?», se pregunta Alonso, quien pelea por el tercer escaño en la provincia y superar por primera vez al PSOE.

El campo andaluz contra el Pacto Verde europeo

En ese contexto, Vox plantea derogar las estrategias europeas derivadas del Pacto Verde, especialmente la llamada De la granja a la mesa, al considerar que imponen restricciones ambientales y fitosanitarias a los agricultores europeos mientras permiten importar productos elaborados bajo normas mucho más laxas.

El agricultor insiste en que el problema no es la inmigración legal ni los trabajadores extranjeros. «La inmigración en sí misma no es un problema. Lo que no queremos son mareas irregulares ni un modelo que destruya nuestro campo», afirma el agricultor.

Mientras Europa debate sobre sostenibilidad y comercio global, en los invernaderos de Almería crece la sensación de que el futuro del mayor huerto de Europa está en juego. «Llegará un día en que esto deje de ser viable», admite el productor. «Y yo no sé hacer otra cosa», concluye.