El plan antiokupas acordado por Vox y la Junta para asistir a andaluces afectados suma ya 75 avisos

El plan antiokupas acordado por Vox y la Junta de Andalucía de Juanma Moreno para blindar la comunidad y ofrecer asistencia legal a los ciudadanos afectados incluía también un nuevo teléfono gratuito para alertar sobre la okupación ilegal de viviendas.

El 900 100 112 ha registrado un total de 75 llamadas durante el primer semestre de 2021 desde que el gobierno autonómico y Vox pusieran en marcha este servicio en diciembre del año pasado.

Vox aboga por medidas disuasorias para frenar un problema que antes del acuerdo arrojaba una media de siete okupaciones diarias en la comunidad -1.183 en los primeros seis meses de 2020-. «Patada en el culo» en 24 horas y cuatro años de cárcel para los delincuentes son algunas de las propuestas defendidas por la formación de Santiago Abascal.

«Muchos llaman por miedo»

Fuentes de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio y del servicio de Emergencias 112, en declaraciones a Europa Press, han explicado que el teléfono atiende llamadas «mayoritariamente» de casos que solicitan información para hacer frente a estas situaciones.

Este teléfono pone en contacto a los andaluces con las ocho delegaciones provinciales de la Junta en colaboración de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), donde se localizan las actuaciones que haya que realizar para desalojar las viviendas. «Si el usuario que contacta a través del teléfono gratuito desea información precisa, se le delega a cada provincia para que se le asesore de forma directa», han informado.

Y han añadido que «muchos llaman por miedo». «Nosotros siempre recordamos que lo importante en casos de okupación de una vivienda es denunciar, ya que desde la Consejería directamente no podemos actuar con la legislación actual», han concluido.

En la comisión de la Consejería de Fomento en el Parlamento regional del pasado julio, la titular, Marifrán Carazo (PP), pedía al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, modificaciones legales «fundamentales» para poder frenar las okupaciones.

«Con la norma actual, las comunidades autónomas contamos con los recursos que tenemos, por lo que necesitamos la modificación de la norma estatal que afecta estas situaciones, que es penal, es civil y es numerosa, pero también el Gobierno tiene que aprobar un plan antiokupación nacional», señalaba entonces.