Nuevo juicio para el ex alto cargo de la Junta socialista de Andalucía que suma ya 12 años de prisión

Las décadas de corrupción del PSOE-A siguen coleando semana tras semana en los juzgados andaluces. El nuevo juicio relativo a la pieza separada de las irregularidades investigadas en la empresa de capital riesgo Invercaria, perteneciente a la Junta socialista de Andalucía, dará comienzo el próximo 1 de febrero. Se investigan los 2.222.600 euros concedidos, entre otros, a Keepfresh.

Cabe recordar que este pasado lunes la Audiencia de Sevilla dejó visto para sentencia el juicio de la pieza separada que investiga los 716.000 euros en préstamos concedidos por Invercaria a la entidad Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA).

En este caso, la Fiscalía pide para el ex director de Invercaria, Tomás Pérez-Sauquillo, seis años de cárcel y 29 años de inhabilitación. El imputado, que acumula cuatro condenas que suman ya 11 años y 9 meses de prisión, anunció el pasado noviembre que pediría su indulto al Ministerio de Justicia.

El nuevo juicio es el relativo a la pieza separada por los más de 2,2 millones de euros concedidos por la citada empresa de capital riesgo a las sociedades Keepfresh Verde y Natural, Keepfresh Agroandalucía, Desarrollos Industriales Herón y Allfresh Investigación, Desarrollo y Comercialización. Arrancará el 1 de febrero, según han informado a Europa Press fuentes del caso.

Se trata, según el juez de Instrucción nº 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, de préstamos participativos «de naturaleza irregular» que comportarían posibles presuntos delitos de prevaricación en concurso ideal medial con un delito de malversación de caudales públicos y un delito de gestión interesada.

Según el juez, «el responsable de este mecanismo de inversión separado en distintas entidades cuando obedecía a un sólo proyecto es Tomás Pérez-Sauquillo, que instó y autorizó estas inversiones sin ajustarse a las normas internas específicas previstas» en el plan director de Invercaria 2005-2008 (con el socialista Manuel Chaves al frente de la Junta) y en la normativa económica que lo regulaba.

En su escrito de acusación para esta pieza, el Ministerio Público reclama para el ex presidente de Invercaria y para el ex director financiero Antonio Nieto seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación absoluta por el delito de malversación; otros diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación, y el pago de una multa de 6.000 euros y cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de gestión interesada.

Condenas previas

Pérez-Sauquillo, recordémoslo, ha sido condenado anteriormente a tres años y medio de cárcel por el préstamo de Invercaria a la empresa Aceitunas Tatis, a dos años y tres meses de prisión por los gastos de personal de la citada entidad, a tres años de cárcel por el préstamo participativo de 300.000 euros concedido a la empresa jiennense Fumapa y a la misma pena por las ayudas por 1,5 millones de euros concedidas por Invercaria a la sociedad Cedes Electria.

Asimismo, la Fiscalía solicita para dos representantes de las empresas que recibieron el traspaso de fondos seis años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación; dos años y medio de cárcel y cinco años de inhabilitación absoluta por el delito de malversación, y el pago de una multa de 3.000 euros y un año de inhabilitación por el delito de gestión interesada. Además, el fiscal pide que estos cuatro acusados indemnicen conjunta y solidariamente a Inverseed con 1.885.066,1 euros.

El Ministerio Público también pide para el representante de otra de las empresas que recibieron las ayudas seis años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación y dos años y medio de cárcel y cinco años de inhabilitación absoluta por el delito de malversación, así como una indemnización de 834.640,97 euros a Inverseed.

Por último, solicita un año de inhabilitación y el pago de una multa de 3.000 euros para los otros tres acusados, como son el hermano del ex presidente de Invercaria, Mariano Pérez-Sauquillo, y las dos presidentas, mujeres de éste y de Antonio Nieto, de una sociedad que adquirió participaciones de las empresas que recibieron las ayudas.