La mujer del ex alcalde de Mijas declarará por irregularidades en las cuentas de una comunidad de vecinos

El Juzgado de Instrucción nº 4 de Marbella ha llamado a declarar, por segunda vez, a Michelle van Gaalen, la mujer del ex alcalde de Mijas (Málaga) Ángel Nozal (PP), investigada por un presunto delito contra el patrimonio en una comunidad de propietarios de Marbella, Cabopino, de la que es administradora.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Van Gaalen y el presidente de la urbanización, Gianni Fieno, tendrán que prestar declaración ante el órgano judicial este martes a las 12:00 horas como «responsables de hechos aparentemente constitutivos de delito», según el documento de citación.

Los investigados, que pospusieron hasta después de las pasadas elecciones municipales su primera declaración alegando cuestiones médicas y dificultad para viajar, solicitaron a la Fiscalía en abril del año pasado que desestimase la causa contra ellos, cuestión que rechazó el Ministerio Público a la luz de la información que obraba en su poder en aquel momento.

Michelle van Gaalen, administradora de profesión, se hizo cargo de la empresa de administración de fincas Servicios Alcántara cuando su pareja sentimental y fundador de la misma, Nozal, se postuló para la Alcaldía de Mijas.

El juzgado que instruye la causa entiende que los hechos que resultan de las actuaciones realizadas «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal» por las que se incoaron diligencias previas desde hace más de un año y se informó de ello a la Fiscalía.

La denuncia fue interpuesta por un grupo de propietarios de esta urbanización que detectaron una serie de presuntas irregularidades en las cuentas de la comunidad. Los denunciantes quisieron ver los libros y revisar la contabilidad, pero no lograron tener acceso a los documentos y tuvieron que recurrir a la justicia, que acabó abriendo diligencias por presunta falsedad documental y contable.

Comunidades secuestradas

Al margen de las actuaciones judiciales, los denunciantes se quejan de que Servicios Alcántara, que administra la urbanización desde hace más de 35 años -primero con Nozal al frente y luego con su pareja-, «tiene secuestrada la comunidad», tal y como explica a Efe una propietaria, Maribel Gómez, hasta el punto de que «cambian al presidente cuando quieren si éste no se amolda a ellos».

Gianni Fieno (este año se ha aprobado la contratación de un asistente personal para él con cargo a los presupuestos de la comunidad) es presidente de Cabopino desde hace más de 15 años, relata esta propietaria, y con el adecuado asesoramiento de la administración ha ido «aprovechando las ventajas» de dicho cargo.

«Se rodea de amigos y compra los votos con favores a los propietarios», luego se presenta en las asambleas con mayoría de representaciones que no le dejan ver y saca adelante todas sus propuestas, «muchas veces perjudiciales para los intereses de la urbanización», recalca esta vecina.

Pero el de Cabopino no es un caso aislado: en Torre Bermeja, en la localidad malagueña de Estepona, el presidente de la comunidad, Stephen Hills, se aprobó para sí mismo en la última asamblea de propietarios un sueldo de casi 90.000 euros y la exención del pago de las cuotas de comunidad, por valor de 9.520 euros.