Macarena Olona espera que Chaves y Griñán tengan un «castigo social y político además del judicial»

Macarena Olona, candidata de Vox a la Junta en las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio, se ha pronunciado este jueves sobre la segunda jornada de la vista pública en el Tribunal Supremo de los recursos interpuestos contra la sentencia del caso ERE.

En declaraciones a los medios tras su asistencia a la Feria de Sevilla, Olona ha trasladado su deseo de que «no se haga un uso político de la condena en firme», pero sí ha abogado por «dar la voz al pueblo» para conseguir «un castigo social y político ademas de judicial».

Cabe recordar que los expresidentes socialistas José Antonio Griñán y Manuel Chaves fueron condenados a seis años de cárcel y nueve años de inhabilitación, respectivamente, por prevaricación.

La cabeza de lista de Vox en la comunidad ha descrito el caso de las ayudas a los expedientes de regulación de empleo ERE como «el mayor saqueo de las arcas públicas», que «ha hecho daño a toda Andalucía y a todos los españoles», y recordando que «se han robado casi 700 millones de euros».

Olona ha recalcado que estos fondos «estaban destinado a los parados andaluces», aunque finalmente se acabó destinando «dinero público para sufragar prostitutas y cocaína»

Tras reconocer la necesidad de que la sentencia se conozca pasada la campaña de las elecciones andaluzas, por cuanto «los tiempos de la justicia no son los políticos», la diputada ha instado a «dejar a la justicia trabajar», aun cuando ha apelado a su condición de abogada del Estado en excedencia para remarcar que «es imposible separarme de ser una política togada».

Olona, que ha definido como «un escándalo» que el PP dejara pasar el plazo de oposición a los recursos de casación de los exaltos cargos socialistas, ha instado a «dejar a la Justicia trabajar» con todos los elementos a su alcance.

Este jueves, el Ministerio Fiscal ha confirmado las irregularidades cometidas en el procedimiento de concesión de las ayudas sociolaborales que recoge la sentencia del caso ERE, asegurando que «se quiso modificar el sistema de concesión de las ayudas para evitar cualquier tipo de control».