El Juzgado ordena «suspender» la expulsión a Marruecos de nueve menas acogidos en Ceuta

• Borja Jiménez @borjajimenezd
• Responsable de OKDIARIO Andalucía.
• • 16/08/2021 15:43
  • Actualizado: 16/08/2021 16:40

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta ha ordenado este lunes la suspensión de la expulsión y repatriación de la ciudad autónoma a Marruecos de nueve menores extranjeros no acompañados (menas). La Asociación Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes y la Fundación Raíces presentaron una demanda de medidas cautelares urgente ante el citado juzgado, que les ha dado la razón y ha rechazado las repatriaciones.

El auto recuerda que «la legislación española solo permite la devolución de mayores de edad que se encuentren ilegalmente en nuestro país, sin la tramitación del correspondiente expediente administrativo, cuando se trate de extranjeros que ya hubieran sido expulsados y contravengan la prohibición de entrada en España y a aquellos que pretendan entrar ilegalmente en el país».

Desde su punto de vista, ésta es una situación «que de forma evidente no concurre en el presente caso, ya que «nuestro ordenamiento jurídico exige para la repatriación de menores extranjeros no acompañados la incoación de un expediente administrativo, en el que debe constar datos tan esenciales como los relativos a la filiación y las circunstancias sociales y familiares de su entorno en el país de origen».

Remarca que «ni se ha tramitado, cumpliendo con los referidos trámites de obligado cumplimiento el procedimiento administrativo, ni consta resolución expresa sobre dicha cuestión respecto a cada uno de los menores exigible en nuestra legislación».

Dicha omisión ha impedido para la jueza «a la totalidad de los interesados» conocer «los fundamentos que justifican la decisión de facto adoptada» por el Ministerio de Interior y el Gobierno de Ceuta sin el respaldo de la Fiscalía ni del Área de Menores local. Sea como fuere, lo único cierto es que la repatriación de estos nueve menas ha quedado paralizada, tal y como exigía la izquierda y tal y como había solicitado Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, a Pedro Sánchez.