La Junta propone al Gobierno que compre lo que las empresas dejan de vender a cambio de que no despidan

La Junta de Andalucía propone al Pedro Sánchez asegurar al sector privado liquidez a través del sector público como comprador de último resorte: el Estado (y las comunidades autónomas) podría convertirse en comprador de último recurso, esto es, adquiriendo todo lo que las empresas dejan de vender, a condición de que mantengan sus pagos a trabajadores, acreedores y proveedores.

Para ello, a juicio de la Junta, sería necesario que el Gobierno de España se decidiera a elaborar una lista de bienes y servicios sanitarios esenciales aprobando un Programa Extraordinario de Contratación que permitiera la compra centralizada de estos bienes y servicios críticos. Con este plan sería posible que las empresas españolas que pudieran hacerlo reorientaran su actividad productiva para proveerlos. En particular, y dada la cercanía al tejido productivo, las CCAA podrían coordinarse en esta materia con el Gobierno Central para gestionar de este modo compras asociadas a las necesidades actuales de suministros sanitarios fomentando de este modo la reorientación del tejido productivo.

Dadas las medidas de flexibilización fiscal y política monetaria de la Unión Europea parece que «no va a ser un impedimento para la adopción de medidas», por lo que la Junta ha considerado que es el Estado el que «debe desarrollar gran parte de las mismas, dejando a las comunidades autónomas y corporaciones locales complementar las mismas».

«El Gobierno central debe, en primer lugar, facilitar la posible desviación del equilibrio presupuestario. Además, la Junta ha articulado un paquete con cuatro bloques de propuestas. El primero, medidas de carácter financiero y de liquidez. El segundo, actuaciones para el mantenimiento de rentas, la protección social y la orientación presupuestaria. El tercero, medidas para el mantenimiento del empleo. Por último, medidas de refuerzo para la actividad empresarial», ha detallado el portavoz andaluz en rueda de prensa.

Las medidas de carácter financiero y de liquidez tienen como objetivo mantener con vida al mayor número posible de empresas, principalmente pymes. Además de los avales ya contemplados, desde Andalucía se propone al Gobierno que habilite una línea específica para la obtención de financiación de circulante e inversión para la implementación de soluciones digitales de urgencia que fomenten el teletrabajo y otros procedimientos vinculados a la modernización de las empresas. Como catalizador de dicha línea se sugiere a la Agencia Tributaria (AEAT), que podría aplicar tributación negativa (créditos fiscales) a cambio de un pago futuro con cargo a los diferentes impuestos.

Protección Social

En cuanto a actuaciones para el mantenimiento de rentas, la protección social y la orientación presupuestaria, la Junta ha propuesto una línea de emergencia de préstamos a hogares o acuerdos con las grandes empresas suministradoras de servicios básicos (luz, agua, gas, telecomunicaciones) para una moratoria en el pago de dichos suministros.

Las medidas para el mantenimiento del empleo incluirían ayudas estatales a la contratación (complementadas con ayudas autonómicas), a la protección de trabajadores despedidos por causa del Covid-19 que no perciben ningún tipo de prestación o subsidio de desempleo, al pago de la tarifa plana de los autónomos o a la actividad de este último colectivo, siempre que mantengan su actividad durante un periodo que se establezca.

Las medidas de refuerzo para la actividad empresarial supondrían reforzar los servicios que se prestan desde entidades como Extenda, de cara al reforzamiento de la internacionalización, o nuevas ayudas para la modernización y transformación digital de las empresas.