El juez archiva las querellas del PSOE-A y Podemos por los contratos covid del SAS en Andalucía

• David García de Lomana @lomanadavid
• Redactor en OKDIARIO Andalucía. Antes en COPE y MARCA Plus.
• • 26/01/2026 13:56
  • Actualizado: 26/01/2026 15:36

El titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia n.º 13 de Sevilla ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de las querellas presentadas por el PSOE-A y Podemos por los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la pandemia al no apreciar indicios de hecho delictivo alguno en su tramitación ni en su prórroga.

El auto, dictado el pasado 22 de enero por el juez José Antonio Gómez, concluye que no existen «elementos o principios de prueba que avalen razonablemente la posible existencia de delito».

La causa se abrió a raíz de una denuncia presentada en septiembre de 2024 por una treintena de diputados del PSOE andaluz, y ampliada después contra la actual gerente del SAS, Valle García, y sus antecesores Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas. Los querellantes cuestionaban el mantenimiento de la contratación de emergencia una vez superada la fase más crítica de la pandemia y cifraban en 242 millones de euros el volumen de los contratos entre 2021 y 2023, así como una ampliación posterior en 2024.

En un auto de 23 folios, el magistrado sostiene que prolongar la instrucción carecería de sentido al no detectarse hechos con relevancia penal y advierte de que una investigación sin fundamento vulneraría derechos fundamentales. Rechaza, además, la petición del PSOE-A de recabar un informe pericial de la Intervención General del Estado, al entender que no hay base indiciaria suficiente para sostener una investigación prospectiva.

El juez descarta que la prórroga de los contratos tuviera como finalidad eludir la normativa de contratación pública y considera que respondió a «necesidades perentorias derivadas de la continuidad de la prestación», en un contexto marcado por el retraso acumulado por la crisis sanitaria. En este sentido, subraya que no hubo una actuación «arbitraria o caprichosa» ni un «abuso de poder», y destaca la existencia de memorias económicas, informes jurídicos y la continuidad con las mismas empresas proveedoras, sin que conste perjuicio para la Administración ni pérdida de fondos europeos.

El auto también aborda el cambio del sistema de fiscalización, del control previo al control financiero permanente, y apunta que resulta «jurídicamente discutible» que supusiera una merma de garantías, al tiempo que permitió mayor agilidad y eficacia en una situación excepcional. Para el magistrado, aunque pudiera debatirse la regularidad administrativa de algunas decisiones, lo que queda descartado es que fueran «groseramente ilegales» o dictadas por intereses ajenos al interés público.

La resolución judicial se produjo pocos días después de que declarara como testigo la actual consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, que fue viceconsejera de Salud durante el periodo investigado, así como otros ex altos cargos del SAS y de la Consejería de Hacienda. El auto es recurrible.

La Junta exige al PSOE que pida «perdón»

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz de la Junta, Carolina España, ha señalado este lunes que el archivo demuestra que los contratos «eran legales y no se hicieron por capricho», y ha exigido a la izquierda que «pida perdón» por haber intentado dañar la imagen del servicio público de salud y de los profesionales sanitarios utilizando «una tragedia» como la pandemia con fines políticos.

El PSOE-A, por su parte, ha anunciado que recurrirá la decisión judicial al considerar que los hechos denunciados «requieren de una investigación completa» y que se mantiene, a su entender, el posible delito de prevaricación. Los socialistas sostienen que la Intervención General de la Junta detectó «irregularidades y un apartamiento total de la Ley de Contratos del Estado», y defienden que se investigue «hasta el último euro».

Además, el coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, afirma que el archivo de la causa es «cuestionable». A su juicio, se trata de «un claro ejemplo de corrupción política», al entender que se adjudicaron contratos «a dedo» cuando la emergencia ya había decaído, «favoreciendo a unas empresas frente a otras».

Desde el PP-A, su secretario general, Antonio Repullo, sostiene que el archivo confirma que las denuncias fueron un «invento» de PSOE y Podemos y que no existió corrupción en los contratos de emergencia. El popular acusa a ambas formaciones de utilizar la pandemia para obtener rédito político y defiende que los procedimientos contaron con respaldo legal y se adoptaron para salvar vidas y proteger a la ciudadanía.