Andalucía
Guardia Civil

Jucil pide cambiar el protocolo de armas para evitar otro caso Barbate: «No tenemos claro cuándo usarlas»

Los guardias civiles reclaman "una legislación que defina con claridad cuándo es conveniente recurrir a las armas"

También piden que los detenidos por el crimen de Barbate continúen en prisión provisional pese al informe de la UCO

La asociación de guardias civiles Jucil ha reclamado este viernes desde Barbate (Cádiz) un «cambio urgente» en el protocolo que regula el uso de armas para «prevenir futuros crímenes» contra agentes de la autoridad en el desempeño de su deber en defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos, como el ocurrido en la localidad gaditana con el asesinato de dos agentes a manos del narco el pasado mes de febrero.

La asociación recalca que esta demanda «cobra especial relevancia» tras las manifestaciones tiempo atrás del fiscal jefe de Algeciras, Juan Cisneros, que señaló «la existencia de una cierta cultura que presiona a los agentes de la autoridad a que no utilicen las armas».

Para Jucil, «un falso principio de proporcionalidad» ha propiciado la situación actual, en la que los agentes «dudan de usar las armas con las que están dotados ante ataques cada vez más violentos y furibundos». «Los guardias civiles necesitamos tener claro cuándo, en defensa de la vida de los ciudadanos o de nuestra propia vida, podemos hacer uso de las armas frente a las muestras de violencia que soportamos», ha declarado el secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño, que ha añadido que lo ocurrido en Barbate es «un trágico ejemplo de estas circunstancias».

Es por ello que la asociación, que trabaja en la protección de los derechos laborales de los guardias civiles, insiste en reclamar «una legislación que defina con claridad cuándo es conveniente recurrir a las armas en defensa de los ciudadanos o de nuestra propia vida».

La prisión preventiva

Jucil ha asistido, como acusación particular en representación de la familia de uno de los agentes asesinados, a las declaraciones que este viernes han tenido lugar en el juzgado de Barbate por parte de los agentes que sobrevivieron al ataque de la narcolancha el pasado 9 de febrero.

En este sentido, Vilariño ha indicado que estos testimonios ratifican lo que esta asociación denuncia desde hace años, esto es, «la absoluta precariedad con la que los guardias civiles luchan contra unas mafias del tráfico de drogas y de personas que actúan cada vez con mayor desparpajo ante la falta de una respuesta firme y contundente».

«Es esencial que se dote a las fuerzas de seguridad de los recursos adecuados, desde chalecos antibalas a embarcaciones, helicópteros de última generación y cámaras unipersonales de grabación para garantizar su seguridad y eficacia en el desempeño de sus funciones», ha subrayado el secretario general de la asociación.

Jucil ha afirmado que los ahora detenidos -a pesar de que, según el informe de la UCO, su narcolancha no fue la que embistió a los guardias civiles- «deben seguir en prisión preventiva ya que, si bien no serían responsables del asesinato, sí se les acusa de otros delitos graves como contrabando y pertenencia a una organización criminal».

«Queremos destacar además la profesionalidad de los compañeros que han elaborado el informe y que han demostrado así la imparcialidad y objetividad con la que los guardias civiles llevan a cabo su trabajo», ha precisado.

Y es que la Guardia Civil sospecha que la lancha de los asesinos de Barbate fue «desguazada» esa misma noche, posiblemente en Marruecos, donde se habrían refugiado los verdaderos autores. El informe de la UCO ha descartado que los ocho detenidos por el crimen de Barbate fuesen los autores materiales del doble asesinato, aunque los investigadores ven complicado reencauzar ahora una causa cuyas pruebas, casi con total seguridad, se han «destruido».

Profesión de riesgo

Además, Jucil ha aprovechado su presencia en Barbate para reclamar una vez más que la profesión de guardia civil sea declarada de riesgo. «Se requieren cambios legislativos que otorguen una mayor protección jurídica a los guardias civiles y policías nacionales en su labor y permitan la persecución efectiva de los delitos relacionados con el crimen organizado. Es necesario reconocer la profesión de la Guardia Civil como de alto riesgo y garantizar una mayor protección para quienes la ejercemos», ha afirmado Vilariño.

Jucil se ha propuesto que la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados investigue las posibles responsabilidades políticas derivadas de la escasez de medios humanos y materiales para hacer frente a situaciones como la ocurrida en Barbate.

«Se requiere que, de una vez, sin más promesas incumplidas, toda el área del Estrecho comprendida en el denominado Campo de Gibraltar se declare Zona de Especial Singularidad, para que los agentes que trabajan en ella cuenten con un complemento que compense las duras circunstancias personales y familiares en las que ahora desarrollan su trabajo», ha zanjado.