Andalucía

Iglesias y Sánchez quieren ‘matar’ a la agricultura andaluza: persiguen a un sector de 400.000 empleos

La campaña de criminalización iniciada por la izquierda más radical de Andalucía, liderada por Teresa Rodríguez, ha llegado hasta las más altas esferas, propiciando que el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, haya logrado convencer a Pedro Sánchez para perseguir a un sector que genera más de 400.000 puestos de trabajo en toda España, de los que 250.000 están empleados en Andalucía.

Adelante Andalucía, convergencia entre Podemos, IU y demás formaciones anticapitalistas y de la izquierda más radical, lleva tiempo queriendo criminalizar a la agricultura andaluza, llevado a la líder de esta formación, Teresa Rodríguez, ha instar a las empresas extranjeras a no comprar frutas y verduras del campo andaluz.

Tras semanas de campaña mediática contra los agricultores andaluces, a finales del pasado mes de abril, Rodríguez compartía en sus redes sociales un polémico reportaje de la BBC que acusaba directamente a la industria agrícola de Almería de explotación. Los agricultores ya estallaron entonces contra la líder de Adelante Andalucía, a la que acusaban de lanzar bulos. Rodríguez se preguntaba si «seguirán queriendo comprarnos frutas y verduras en Europa cuando vean esto». 

Apenas unos días más tarde, Pedro Barato, presidente nacional de ASAJA (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores), se refería en una entrevista concedida a OKDIARIO a las críticas al campo andaluz de Teresa Rodríguez, de la que decía directamente que es una «impresentable».

Pero ahí no quedaba la cosa. Hace sólo unos días Rodríguez, que decía llevar 20 años haciendo seguimiento de la campaña de la fresa, se basaba en el artículo de un blog que siguen 34 personas en Twitter, cuyos fundamentos y teorías se basaban en las narraciones de Irene y Juan Antonio, dos supuestos amigos del autor, que aseguraban, entre otras cosas, que a los trabajadores del campo les tratan como si fueran «ratas» o que les «fumigan con pesticida». 

Finalmente, la campaña de criminalización ha terminado con actuaciones por parte del Gobierno, que lanzará próximamente una inspección para buscar casos «de esclavitud» en la agricultura de Andalucía. La industria ha terminado explotado, y han mostrado, a través de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), su «disgusto» ante la «campaña tóxica» del Ejecutivo.

La COAG de Andalucía ha mostrado su «perplejidad y disgusto» ante la campaña «tóxica» de inspección extraordinaria que va a poner en marcha este mes el Ministerio de Trabajo y Economía Social para tratar de detectar casos de «esclavitud o prácticas similares» en explotaciones agrícolas de Andalucía.

De lograr lo que Podemos quiere, se pondrían en riesgo 400.000 empleos dados de alta por cuenta ajena en la agricultura española, según fuentes de ASAJA, que asegura que aproximadamente 250.000 se emplean en Andalucía, de los que aproximadamente 120.000 lo hacen en Sevilla.