El Gobierno rechaza el cierre «arbitrario» de la Plaza de España para cobrar entrada a los turistas

El delegado del Gobierno central en Andalucía, Pedro Fernández, ha manifestado este lunes que no comparte el planteamiento «arbitrario» del Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el popular José Luis Sanz, de cerrar el conjunto monumental de la plaza de España y cobrar una entrada a los turistas. Fernández ha acusado de «deslealtad» al Gobierno local del PP y ha recalcado que el Estado es titular de la galería y el edificio que rodean la plaza, pero no tiene comunicación «oficial» de la propuesta.

En unas declaraciones difundidas a los medios de comunicación, Fernández ha explicado que hasta el momento, ni la Delegación del Gobierno central en Andalucía ni la Subdelegación del Gobierno, ambas entidades con sede, precisamente, en el edificio de la plaza de España, tienen comunicación «oficial» por parte del Ayuntamiento respecto a esta «decisión del cierre» de este monumental construido para la Exposición Iberoamericana de 1929 por Aníbal González.

El Ayuntamiento, titular del espacio de la plaza comprendido entre los bancos de las provincias y la balaustrada, planea proponer al Estado un convenio para cerrar por completo este recinto monumental y cobrar a los turistas una entrada de la que estarían exentos los empadronados en Sevilla y los nacidos en la capital hispalense.

Los ingresos de taquilla, según la idea del Gobierno local del PP, se repartirían con un 75% para las arcas municipales y un 25% para el Estado, propietario de la galería y del edificio, garantizando, según asegura el Ayuntamiento, el libre acceso ciudadano a las dependencias estatales del complejo, que alberga las sedes de la Delegación del Gobierno en Andalucía, de la Subdelegación, de los servicios de Extranjería, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) o del Cuartel General Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra.

En dicho sentido, Fernández ha avisado de que no comparte «el concepto de cerrar una plaza» ideada hace ya casi 100 años como «un abrazo a Iberoamérica, una apertura al mundo». Además, ha alertado de que se trata de una «decisión arbitraria que no se puede llevar a cabo sin contar con el Gobierno, titular del edificio y de la galería, que tiene acceso directo a la plaza».

Así, ha criticado esta «deslealtad absoluta» del Gobierno municipal al Estado, sobre todo porque una medida así «afecta directamente a la ciudadanía» que acude a las dependencias estatales de la Plaza de España «a recibir un servicio público».

Asociación en Defensa del Patrimonio

Este domingo, tras conocerse la propuesta, el presidente de la Asociación en Defensa del Patrimonio (Adepa), Joaquín Egea, señaló que no estarían «totalmente en contra del cierre» de la plaza de España, aunque ha recordado que el Ayuntamiento ya ingresa «cantidades ingentes» por los eventos privados que se realizan en ella desde hace años, un dinero, remarca Egea, que debería revertir en la conservación del Bien de Interés Cultural (BIC). «Aunque si se hiciera, tendría que ser de unas características especiales», señalaba en declaraciones a Europa Press.

Para el presidente de Adepa, el «problema» de la plaza de España es de «gestión», ya que el espacio y el monumental requieren de manera «imprescindible» de una conservación para la que «no hay excusas». Ante los vándalos que de manera recurrente se ensañan con la plaza, especialmente con las balaustradas de cerámica y los bancos, Egea pide que el dinero que se ingresa por el montaje de eventos privados vaya «directamente» al mantenimiento del espacio.

Por su parte, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, defendía este domingo el cierre de la plaza de España y el cobro de una entrada a los turistas para así «financiar su conservación» y «mantener un servicio de vigilancia las 24 horas» del día. Además, con el cobro de una entrada a los visitantes, el Ayuntamiento quiere abrir una escuela de «restauración permanente de la plaza de España».