Detenido el alcalde de Igualeja (Málaga) por malversación, prevaricación, cohecho y falsedad

alcalde de Igualeja
Vehículo de la Guardia Civil (EUROPA PRESS).

La Guardia Civil ha detenido este martes al alcalde de Igualeja (Málaga), Francisco R. Escalona (PP), después de realizar un registro en el Ayuntamiento de la localidad. Según fuentes cercanas al caso, el regidor estaría investigado por presuntos delitos de malversación, prevaricación, cohecho y falsedad documental.

La operación de la Guardia Civil de Málaga iniciada en la mañana de este martes en el Ayuntamiento local se ha saldado con la detención del primer edil como presunto autor de cuatro posibles delitos, si bien la investigación se encuentra bajo secreto de sumario y no han trascendido más detalles de la misma.

El operativo ha contado con la presencia de un nutrido número de agentes del Instituto Armado que han registrado el edificio consistorial en busca de documentación relacionada con las cuentas municipales.

El Ayuntamiento de Igualeja, población de algo más de 750 habitantes ubicada en la Serranía de Ronda, ha permanecido cerrado durante toda la jornada. La operación de la Guardia Civil ha pillado de imprevisto a los vecinos, que no han podido ser atendidos por la administración. Varios vehículos de la Benemérita han permanecido en las inmediaciones del Ayuntamiento mientras se llevaba a cabo el registro.

La localidad, al igual que muchas de las enclavadas en el Valle del Genal, vive del cultivo de la castaña. La corporación municipal está formada, además del alcalde, por otros tres ediles del PP, dos del PSOE y uno de Ciudadanos (Cs).

Según han detallado a Europa Press fuentes cercanas al caso, Escalona está siendo investigado por la presunta comisión de al menos cuatro delitos de índole económica, como son malversación, prevaricación, cohecho y falsedad.

Por el momento, el PP de Málaga ha pedido «cautela y respeto» a la investigación y ha garantizado que «actuará en consecuencia». El popular está a la espera de prestar declaración ante la autoridad judicial competente.

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