La Comisión Islámica exige la regularización «por arraigo» de 2.000 marroquíes residentes en Melilla

La Comisión Islámica de Melilla (CIM) ha exigido la regularización documental de los 2.000 marroquíes residentes en la ciudad española del norte de África que, según la asociación, tienen derecho a documentación «por arraigo» tras vivir en Melilla durante más de tres años.

El portavoz de la citada entidad, Abdeluab Mehamed Maanan, ha detallado a Europa Press que de estas 2.000 personas, unas «1.000 contarían con vínculos familiares tanto de primer grado como de segundo y 400 con vínculos profesionales con documentación caducada, así como 200 niños escolarizados sin papeles».

Mehamed ha asegurado que la asociación musulmana ha puesto el caso en manos de un equipo de abogados contratado en Madrid para que se cumpla el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, reglamento sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que en su artículo 124 recoge la «autorización de residencia temporal por razones de arraigo». Asimismo, ha señalado que la Comisión Islámica de Melilla dispone de «un gran equipo de abogados gratuitos para interponer recursos a todas las expulsiones» que se hayan decretado hasta el momento.

Las 5 exigencias de la CIM

La situación de estos extranjeros ha llevado a la CIM a movilizarse con una asamblea y posterior marcha este domingo 5 de diciembre bajo del lema ‘La marcha por la legalidad: pan, trabajo y paz’. La concentración concluyó ante la Delegación del Gobierno, donde leyeron un manifiesto que no pudieron entregar a su titular, Sabrina Moh, ni a ningún otro funcionario de la entidad gubernamental.

«Es una falta de respeto y de consideración. Primero, a las personas que estaban ahí reunidas y segundo, como institución no ha tenido la deferencia de tener la mínima cortesía, porque lo único que ha pretendido es hacer que la justicia y el derecho tengan un cauce de expresión», ha remarcado el portavoz de la CIM.

En su manifiesto, la entidad ha expuesto cinco exigencias: la paralización de todos los expedientes de expulsión; garantizar la educación en los centros de enseñanza de los menores indocumentados; que se aplique la legalidad vigente en materia de regulación documental en igualdad de condiciones al resto de la geografía nacional; que se garantice la libertad y el ejercicio de culto regularizando a los imanes en aplicación del Acuerdo de Cooperación del Estado con las confesiones; y buscar una vía de solución que garantice los derechos de los trabajadores transfronterizos, en igualdad de condiciones al resto de los trabajadores amparados por el Estatuto de los Trabajadores.