Colectivos exigen la paralización del desahucio de una familia de inmigrantes ilegales en Sevilla

Distintos colectivos, entre los que están la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y la Oficina de Derechos Sociales, han exigido apoyo el próximo viernes 20 de mayo, ante el desahucio previsto de una familia de inmigrantes ilegales en la barriada del Polígono Norte. Según denuncian los colectivos, la familia se encuentra en situación de vulnerabilidad después de que la propiedad del piso en el que residen de alquiler haya pasado a un banco al no pagar la hipoteca la dueña a la que habían arrendado la vivienda.

Se trata de dos inmigrantes procedentes de Ghana y Nigeria, con dos hijos nacidos en España, un niño de cuatro años y un bebe de ocho meses. «Su actual situación refleja las enormes dificultades que pueden llegar a sufrir las personas migrantes, donde a las dificultades de la regularización y acceso al trabajo formal se les suma las de la vivienda», indica la APDH-A.

«La madre llegó embarazada en patera a España del hijo mayor. El padre trabaja de forma eventual, como peón agrícola y en diversas labores del sector informal, ante la imposibilidad de conseguir permiso de trabajo tras rechazarse su solicitud de asilo. Esta situación de irregularidad se transmite a sus hijos, aunque hayan nacido en España y se encuentren plenamente integrados en el barrio», indica la APDH, avisando de que «la situación irregular somete a esta familia, como a muchas otras, a una extrema tensión».

«Aunque pueden mantener a sus hijos en condiciones dignas, con un enorme esfuerzo, se les presentan enormes trabas para lograr acceder a un trabajo estable o a cualquier tipo de subsidio. Subsisten por lo tanto precariamente, gracias a los escasos ingresos eventuales y el apoyo de sus vecinos y vecinas», resume el colectivo, preciando que la familia ha «no ha dejado de pagar el alquiler de su vivienda en ningún momento», pero como «la propietaria había dejado de pagar la hipoteca, «la propiedad del piso había pasado» a manos de la entidad «que ahora lo reclama», fruto de lo cual afrontan su desahucio.

«La familia cuenta con un informe de vulnerabilidad de los servicios sociales. A pesar de la precariedad económica, es una familia muy integrada en el barrio. Llevan cuatro fechas de desahucios en el último año, que se han paralizado por diferentes cuestiones, siendo la siguiente prevista para el 20 de mayo» en el número tres de la calle Cabo de Gata, detalla el colectivo.