El ‘chófer de los ERE’ que dilapidó dinero público en cocaína pide anular su condena por su «sufrimiento»

La Audiencia de Sevilla ha dejado este jueves visto para sentencia el juicio sobre la pieza separada de la macrocausa de los ERE correspondiente a los casi 1,5 millones de euros que el socialista Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, desvió a las empresas ficticias de su chófer para fundírselos en droga, alcohol y fiestas. Juan Francisco Trujillo, el chófer de la coca, ha reclamado en su última palabra en el juicio que ninguna de sus condenas de prisión supere los dos años y que las mismas sean suspendidas, ya que ha «colaborado con la justicia» y ha padecido mucho «sufrimiento y acoso» por sus actos. En resumen, dar pena para suspender su pena.

Trujillo ha hecho uso de su última palabra después de que el fiscal, que reclamaba inicialmente para él 14 años de prisión por delitos de malversación, redujese su petición a diez años y tres meses de cárcel al apreciar la atenuante simple de dilaciones indebidas en la tramitación de la causa. Cabe recordar que el proceso judicial que atraviesa Trujillo lleva desde 2017 a la espera de un juicio en la Audiencia de Sevilla y ha pasado por cuatro jueces: dos jubilados, uno que solicitó el traslado y otro que se abstuvo por haber sido alto cargo de la Junta.

El acusado ha reclamado al tribunal la aplicación de dicha atenuante pero en la categoría de dilaciones muy cualificadas en segundo grado, dado que los hechos «se remontan a 2004 y 2005» y han transcurrido casi «20 años». Además, ha defendido que ha «colaborado con la justicia» y que al haber sido condenado ya por tres delitos fiscales respecto a las ayudas irregulares ha pasado ya «33 meses» en prisión, con el cumplimiento efectivo de «siete meses en preventiva y 12 meses de trabajos en beneficio de la comunidad».

«Sufrimiento» y «acoso»

El chófer del socialista Guerrero ha esgrimido igualmente el «sufrimiento y acoso» padecidos por su propia «responsabilidad», solicitando con ello al tribunal que ninguna de las penas que le serán impuestas por malversación supere los dos años de prisión, y que las mismas sean suspendidas a condición de que no vuelva a delinquir.

Esta última sesión del juicio ha estado además centrada en las conclusiones y los informes finales de las partes: la Fiscalía, la Junta de Andalucía y el PP andaluz como acusaciones, las defensas de los inculpados (Trujillo, Isidoro Ruz Espigares como administrador de una de las empresas relacionadas con el primero y el ex directivo de Vitalia Antonio Albarracín, ya condenado por las ayudas de la Junta concedidas a la empresa Acyco) y la esposa de Trujillo, Juana Gallego, acusada exclusivamente como beneficiaria a título lucrativo.

Recordemos que durante la primera sesión del juicio Trujillo ratificó el contenido de sus comparecencias en fase de instrucción, es decir, que los 900.000 euros que recibió en ayudas de la Junta a sus empresas Lógica Estratégica Empresarial e Iniciativas Turísticas Sierra Morena, a las que se sumó una más de 450.000 euros a una empresa de Espigares, acabaron en regalos al socialista Guerrero (invitaciones en restaurantes y locales de copas, dinero en metálico, ropa, antigüedades) y «la mayor parte» se dilapidó en cocaína, fiestas y alcohol. En su día aseguró ante la juez Mercedes Alaya que se gastaban 25.000 euros al mes en droga y que entre su jefe y él esnifaban cada uno más de cinco gramos al día.

Un agente que participó en el registro policial del domicilio de Trujillo el 15 de diciembre de 2011, en busca de documentación sobre las ayudas, testificó que el chófer dijo a los policías que iba a «contarlo todo» porque «le habían dejado tirado».

El fiscal del caso ha expuesto que durante el juicio ha quedado acreditado que Trujillo dedicó los fondos públicos de las ayudas autonómicas recibidas «al pago de gastos propios, terrenos e inversiones especulativas» (una finca en la sierra y un piso en la calle San Luis de Sevilla), actuando además como «mera caja pagadora de cocaína, copas, antigüedades y objetos suntuosos» en favor de Guerrero.

El fiscal reclamaba en su escrito inicial de acusación 14 años de cárcel, 30 años de inhabilitación y el pago de una indemnización de 1.475.028 euros en el caso de Trujillo, seis años y tres meses de prisión para Espigares y seis años de cárcel para Albarracín, si bien finalmente, en la fase de conclusiones, ha introducido una alteración en sus peticiones al apreciar la atenuante simple de dilaciones indebidas anteriormente señalada. A consecuencia de ello, ha reducido sus peticiones de cárcel para todos los inculpados, solicitando finalmente diez años y tres meses de cárcel para Juan Francisco Trujillo, dos años y nueve meses para Albarracín y dos años y tres meses para Ruz Espigares.