Aplazadas las comparecencias que probaban el desvío de 240.000 euros de tres exalcaldes socialistas

El Juzgado mixto número cuatro de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) había citado este lunes a los denunciantes del «cobro indebido» de unos 240.000 euros de un funcionario de la Mancomunidad del Guadalquivir de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos testificasen al respecto. Estas primeras comparecencias del caso, en el que figuran como investigados tres exalcaldes socialistas, quedan aplazadas hasta marzo del año que viene.

Así lo han informado a Europa Press fuentes del caso, aunque no han trascendido los motivos del aplazamiento. Los testigos citados a declarar eran miembros del sindicato UGT y el secretario de la Mancomunidad.

Los tres exalcaldes socialistas, antiguos presidentes de la asociación de municipios dedicada a la recogida de residuos, están citados a declarar este viernes junto a varios responsables de dicha entidad, también denunciados, y la representación jurídica de la Mancomunidad del Guadalquivir.

Cabe tener en cuenta que el Juzgado número uno de Sanlúcar la Mayor había incoado ya diligencias previas en torno a una denuncia de UGT por presuntos delitos continuados de malversación de caudales públicos, apropiación indebida, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios y prevaricación administrativa en la Mancomunidad del Guadalquivir de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos.

«Práctica habitual» en la última década

En concreto, UGT ha denunciado la «práctica habitual de la Mancomunidad durante al menos los diez últimos años de la omisión deliberada del correspondiente procedimiento de licitación pública, vendiendo de manera directa los recursos y efectos públicos (camiones de la entidad) a un desguace que no es en modo alguno el adjudicatario de dicho servicio».

En ese sentido, los denunciantes sospechan de que «el dinero público obtenido en la venta de estos recursos haya sido apropiado indebidamente por algún o algunos integrantes de la Administración».

En paralelo, esta causa deriva de otra denuncia de la sección de UGT en la Mancomunidad del Guadalquivir, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. La denuncia, recogida por Europa Press, se dirige contra los expresidentes de la mancomunidad y exalcaldes socialistas Julio Álvarez González; José de la Rosa Solís y Rafael Moreno, así como contra Jorge R.C. y Juan Ramón G.S.M. como gerentes, Fernando D.D. como jefe del gabinete jurídico de la entidad; Antonio R.F. como economista y Domingo G.M. como «trabajador beneficiado por los presuntos delitos denunciados».

El informe del secretario

Según la denuncia, este trabajador, «desde hace más de diez años» viene cobrando «emolumentos salariales indebidos» por parte de la Mancomunidad, esgrimiendo un informe del secretario de la entidad emitido en abril de este año, según el cual Domingo G.M., funcionario con categoría de conductor de recogida en el Ayuntamiento de Bormujos e incorporado a la Mancomunidad en tal condición, habría acabado «desempeñando funciones propias de inspector de servicios» y «ha podido cobrar indebidamente» unos 240.000 euros en los últimos diez años.

Y es que según el informe del secretario, este funcionario «ha desempeñado, aun careciendo de título habilitante, funciones de categoría superior y debe cobrar por ello» para que no se incurra en un «enriquecimiento injusto» en favor de la administración. No obstante, el secretario señala en su informe el necesario «cese» de este funcionario en las funciones de inspector de servicios de la Mancomunidad al no reunir «los requisitos académicos precisos» para ello.

En su informe, el secretario de la Mancomunidad señala la «gravedad de los hechos» porque podrían constituir un «supuesto de responsabilidad contable», anunciando una auditoría sobre el asunto.