Anticapitalistas dice que los padres no deben elegir cómo educar a sus hijos, sino la sociedad y el Gobierno
Anticapitalistas, partido que ahora defiende y lidera Teresa Rodríguez, ha condenado este martes la ‘Ley Celaá’, pero no por privar de derechos o libertades, sino ¡por neoliberal! De hecho, consideran la libertad de elección de padres y familias como «una falacia» que instaura la «idea antidemocrática de que los alumnos y alumnas son propiedad de sus progenitores». En este sentido, aseguran que los niños «son responsabilidad de la sociedad y obligación de las instituciones públicas» y no de sus padres.
Según esta formación, la Ley Celaá supone «la continuidad de un modelo educativo neoliberal y desigual, que tiende a convertir la educación en un negocio, transfiriendo recursos públicos a intereses privados». Neoliberal, para ellos, es castigar por imposición la lengua de todos los españoles, coartar la libertad de elección de centro de los padres o, directamente, castigar a aquellos concertados y privados.
Y es que para los de Teresa Rodríguez «la Ley Celaá no acaba con los conciertos educativos» ni «tiene ningún plan concreto para hacer que la red concertada sea realmente subsidiaria de la pública».
«El único elemento positivo que contiene la ley en este terreno es que cancela la posibilidad de ceder gratuitamente, en el futuro, suelo público a la privada-concertada», aplauden, eso sí, desde Anticapitalistas que, por otro lado, critican que «no se contemplan cambios en el acceso a la función docente, en la selección del profesorado, ni se favorece la estabilización de interinos».
Por supuesto, los de Teresa Rodríguez han señalado directamente al Gobierno socialcomunista de Sánchez y, sobre todo, Iglesias, que ha sido quien ha tomado la decisión de expulsar a la política gaditana de Adelante Andalucía. «El problema de fondo es que la izquierda en el gobierno y sus aliados en los sindicatos han renunciado a plantear un modelo alternativo al que lleva años implementando la derecha. Un modelo que rompa con la educación concertada, que no es más que otra forma de garantizar beneficios a la educación privada a través de fondos públicos», señalan en un comunicado desde Anticapitalistas.
«La falacia de la libertad de elección de los padres y las familias instaura una idea anti-democratica: que los alumnos y alumnas son propiedad de sus progenitores, eso sí, mientras tengan dinero suficiente para ejercer su libertad», expresan los radicales comunistas, que creen que «las alumnas y los alumnos son responsabilidad de la sociedad y obligación de las instituciones públicas, que tienen el deber de garantizar su autonomía y su desarrollo igualitario».
Propuestas
Por todo ello, desde Anticapitalistas exigen, directamente, que la educación concertada no reciba ayudas de los fondos de reconstrucción y que todo ese dinero vaya a la educación pública, un aumento del presupuesto de la educación pública hasta el 7% o el fin de los convenios con empresas privadas. Algo que, consideran, son «medidas de sentido común».
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