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Inmigración

Andalucía censura el reparto de menas «impuesto» por Sánchez: «El sistema ya está colapsado y reventará»

La nueva fórmula establece un cupo de 2.827 plazas para Andalucía, más que ninguna otra comunidad autónoma

La Junta de Andalucía ha denunciado este miércoles que el nuevo sistema estatal de reparto de menores inmigrantes se ha dictado por «imposición y con una absoluta falta de transparencia», por lo que procederá a «estudiar jurídicamente» si recurre el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros. La fórmula establece un cupo de 2.827 plazas para Andalucía, más que ninguna otra comunidad autónoma.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha alertado de que el reparto de menas «impuesto» por el Gobierno de Sánchez «reventará» el sistema autonómico de acogida, que ya se encuentra «colapsado», y pondrá «en peligro» a los menores, tanto a los que ya están tutelados como a los que esperan su turno. A la cola aguardan ser trasladados a la península 3.000 menas procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla.

López ha criticado que el Ejecutivo central haya aprobado este real decreto «sin diálogo, tal como nos tiene acostumbrados». «Volvemos a ver claramente que el Gobierno de España prioriza sus intereses sobre el interés de los menores, a los que no les importa apilar en edificios para proteger el sillón de Pedro Sánchez», ha señalado la consejera en un comunicado.

«Andalucía es una tierra solidaria y queremos seguir siéndolo, pero siempre preservando la atención y protección» de los menores, ha enfatizado la titular de Inclusión Social, que recuerda que «cada semana siguen llegando» a las costas andaluzas inmigrantes ilegales menores de edad «que necesitan ser atendidos».

Como ejemplo de la «solidaridad incuestionable» de Andalucía, la consejera ha aludido a los 634 menas que el Gobierno de Sánchez ha colado en Andalucía «por la puerta de atrás», bajo la apariencia de adultos, lo que obliga a la Junta a hacerse cargo de ellos hasta los 25 años sin ningún tipo de ayuda estatal.

Por último, López ha lamentado la «hipocresía» del Ejecutivo central, que «no está asumiendo sus competencias con los más de 1.000 menores inmigrantes solicitantes de protección internacional que le reclama el Tribunal Supremo», escudándose en la falta de recursos, «mientras impone a las comunidades autónomas» el reparto de menas «sin coordinación ni diálogo».

El PSOE ve «xenofobia» en el PP

Por su parte, el portavoz del PSOE de Andalucía, Francisco Cuenca, ha señalado este miércoles que hay un «cierto tinte xenófobo que se le escapa de vez en cuando a las comunidades del PP», en alusión a los 10 gobiernos autonómicos del Partido Popular (Madrid, Aragón, Cantabria, Extremadura, Comunidad Valenciana, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía y Galicia) que tienen recursos admitidos a trámite en el Tribunal Constitucional contra este real decreto. También ha recurrido Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE.

Además, el vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha exigido a Sánchez que explique «por qué la mayoría de los menores tienen que ir a Madrid, Andalucía y Valencia y a comunidades donde gobiernan sus socios de investidura no va ninguno», en alusión a Cataluña y País Vasco.

El Gobierno de España ha anunciado este miércoles que incrementará a partir de septiembre el ritmo de derivaciones y traslados de menores inmigrantes solicitantes de protección internacional desde Canarias a centros de la península. Hasta la fecha ya han sido trasladados unos 260 menores solicitantes de asilo y otros 40 que han cumplido la mayoría de edad. La secretaria de Estado de Migraciones ha informado del compromiso de presentar, desde la próxima semana, un calendario quincenal de traslados.

En este punto, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha avisado de «consecuencias legales» para las comunidades autónomas que no cumplan y se nieguen a acoger a menas.

Melilla ya ha informado de que va a solicitar la declaración de contingencia migratoria con el objetivo de que todo mena que acceda ilegalmente a la ciudad autónoma «tenga que ser trasladado a la península en un plazo máximo de 15 días».