El calvario de María Ángeles: murió su marido, sufrió un ictus y Olivares (PSOE) la obliga a cerrar su pizzería

María Ángeles nunca imaginó que el proyecto de vida que levantó junto a su marido acabaría convirtiéndose en una pesadilla. Tras más de dos décadas dedicadas a la hostelería, la empresaria asegura haber perdido no sólo su negocio, sino también su estabilidad económica y emocional. A la muerte de su marido, el delicado estado de salud de su hija, un ictus y un largo conflicto administrativo con el Ayuntamiento de Olivares (Sevilla) se sumó el cierre definitivo de la pizzería que ambos habían construido con esfuerzo.

Su historia en la hostelería comenzó en 2005, cuando su hija apenas tenía nueve meses. Desde entonces trabajó durante largas e intensas jornadas hasta que, en 2016, decidió poner fin a su etapa en la empresa en la que llevaba años empleada. Un año después, junto a su pareja, dio el paso de emprender como autónoma, abriendo una primera pizzería en la localidad de Las Pajanosas.

Aquel negocio no terminó de funcionar, por lo que decidieron trasladar el proyecto a Dos Hermanas, teniendo que cerrar el primer establecimiento. Sin embargo, la experiencia tampoco dio los resultados esperados. Lejos de rendirse, abrieron una nueva pizzería en Castilleja de Guzmán, donde permanecieron desde 2017 hasta 2020. Ese mismo año vieron una oportunidad en Olivares y trasladaron allí su actividad.

En un primer momento se instalaron en un pequeño local, aunque posteriormente encontraron otro establecimiento más amplio, céntrico y con mejores posibilidades. Decidieron apostar fuerte por el proyecto y acometieron una importante reforma para adaptar el inmueble a la actividad hostelera.

Según explica María Ángeles, en 2022 presentaron en el Ayuntamiento toda la documentación necesaria junto al proyecto elaborado por un arquitecto para realizar la reforma integral del local. Mientras se tramitaba el expediente, obtuvieron una Declaración Responsable que les permitía comenzar la actividad.

La empresaria sostiene que, cuando un negocio inicia su actividad, el Ayuntamiento debe comunicar esa apertura a los vecinos colindantes. Sin embargo, asegura que esa notificación no se realizó en aquel momento y que el establecimiento abrió sus puertas con total normalidad. Meses después, en septiembre de 2023, recibieron una calificación ambiental favorable emitida por la Mancomunidad del Aljarafe. Tras consultar con el arquitecto responsable del proyecto, este les confirmó que toda la documentación estaba correcta.

Pero el 24 de diciembre de 2023 su vida dio un giro inesperado. Su marido, según relata, «decidió marcharse de este mundo por diversos problemas». Pese al duro golpe, decidió seguir adelante con el negocio familiar.

Fue entonces cuando, según denuncia, comenzaron los problemas con una vecina que «quería cerrar la pizzería sí o sí». María Ángeles asegura que esta persona presentó diversas denuncias tanto ante Sanidad como ante el Ayuntamiento, alegando molestias por olores procedentes de la actividad del negocio.

La hostelera afirma que todas las inspecciones sanitarias concluyeron favorablemente y que la instalación contaba con un sistema de extracción de humos completamente legal, por lo que considera imposible que los olores llegaran hasta la terraza de la denunciante.

Mientras tanto, entre 2024 y 2025, la situación familiar siguió complicándose. Su hija necesitó apoyo constante debido a los problemas de salud mental derivados del fallecimiento de su padre. Y el 13 de abril de 2025, cuando se dirigía a trabajar, María Ángeles sufrió un ictus. A pesar de ello, la actividad continuó gracias a su hijo, que con tan solo 17 años asumió la responsabilidad de sacar adelante la pizzería, una carga que, según su madre, «no le correspondía por su edad».

Sin embargo, el 30 de septiembre de 2025 recibió a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Olivares una notificación ordenando el cese inmediato de la actividad. Antes de esa resolución, explica, Sanidad había vuelto a inspeccionar el establecimiento sin detectar ninguna irregularidad.

Posteriormente, según relata, un técnico municipal les comunicó que el local incumplía la normativa porque, al superar los 100 metros cuadrados y disponer de dos accesos, debía contar con dos aseos por cada uno de ellos. El establecimiento únicamente disponía de dos baños.

María Ángeles asegura que nunca fueron advertidos de esa circunstancia cuando tramitaron el proyecto y critica que la Administración les permitiera abrir el negocio para, tres años después, ordenar su cierre por ese motivo. Incluso afirma que propusieron reducir la superficie útil del local para adaptarse a la normativa y evitar realizar nuevas obras, aunque esa opción no prosperó.

Además, denuncia que el Ayuntamiento ocultó información al asegurar que les había enviado diversas notificaciones que, según afirma, nunca recibieron. También sostiene que desde el Consistorio nunca les indicaron a qué dirección fueron remitidas, lo que, a su juicio, les impidió defenderse administrativamente.

La empresaria explica que un técnico municipal llegó a asegurarle que el establecimiento volvería a abrir en apenas veinte días. Sin embargo, pasaron más de cinco meses con el negocio cerrado mientras seguían acumulándose los gastos de alquiler, luz, agua, seguros sociales, cuotas de autónomos, IVA e IRPF, entre otros costes.

«El Ayuntamiento ha obrado de mala fe», afirma María Ángeles, quien considera que fue precisamente la falta de comunicación inicial con los vecinos la que terminó desencadenando todo el procedimiento administrativo años después.

Tras varios meses intentando resolver la situación, asegura que volvió a abrir brevemente el establecimiento, aunque finalmente tuvo que bajar definitivamente la persiana debido al elevado volumen de deudas acumuladas durante el tiempo que permaneció sin actividad.

La hostelera explica que incluso llegó a reunirse con el alcalde para exponer su caso, aunque sostiene que no obtuvo ninguna solución. También afirma haber acudido prácticamente a diario al Ayuntamiento y haber presentado numerosa documentación a través de la Sede Electrónica sin recibir respuesta. «Me han tenido mareada durante seis meses, me he sentido muy vulnerable y pisoteada», lamenta.

Ahora, tras el cierre definitivo de la pizzería que levantó junto a su marido, María Ángeles asegura haber perdido el sustento de su familia «por culpa del Ayuntamiento» y denuncia que la situación también ha perjudicado gravemente a su hijo, quien, «al ser hijo de la administradora del negocio, ni siquiera tiene derecho a prestación por desempleo».