Acusados tres guardias civiles de cobrar 7.500 € cada uno por no interceptar un barco con 750 kilos de hachís

Tres agentes de la Guardia Civil han sido acusados de formar parte de un grupo organizado para introducir droga en la Península desde Marruecos. Según la acusación, llegaron a cobrar hasta 7.500 euros cada uno por no interceptar una embarcación con 750 kilos de hachís.

Además, hay otros seis acusados, y todos ellos están acusados de tener vinculaciones con organizaciones criminales dedicadas al tráfico de dichas sustancias. La Audiencia de Málaga tiene previsto comenzar esta semana el juicio.

Según se señala en el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil comenzó una investigación «para descubrir actividades de corrupción policial de miembros del cuerpo vinculadas a organizaciones criminales de tráfico de sustancias estupefacientes entre Marruecos y la península».

La investigación se inició sobre un agente y dio lugar a descubrir a otros, de forma que estos guardias civiles supuestamente «formaban un grupo organizado y jerarquizado que tenía como finalidad llevar a cabo la introducción de sustancias estupefacientes en el país en colaboración con diferentes organizaciones dedicadas al narcotráfico», dice la acusación.

Así, estos agentes «aportarían seguridad en el momento de llevar a cabo el hecho delictivo», pues supuestamente «se aprovechaban los momento en que estaban desarrollando su servicio policial para permitir la descarga de la droga, informar de dispositivos de servicio, horarios y lugares de las patrullas», indica el escrito inicial del ministerio público.

Esta acusación señala que los agentes procesados, que tenían destino en el servicio marítimo de Motril (Granada), presuntamente «se encargaban de dar cobertura» a organizaciones dedicadas al narcotráfico para favorecer la entrada de la sustancia a través del litoral, mostrando, en ocasiones, «las formas de eludir la acción del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE)».

En este sentido, uno de los guardias civiles se encargaba, al parecer, de contactar con las organizaciones delictivas interesadas y de coordinar y dirigir las funciones a realizar con esas redes «poniendo precio en función de los servicios requeridos», dice el fiscal, apuntando que también era el que supuestamente daba información de los días en los que los agentes estaban de servicio.

Los otros dos agentes «colaboraban con él, cumpliendo sus órdenes y obteniendo su compensación económica por tal actividad», sostiene inicialmente el ministerio público, mientras que otro acusado era el enlace entre esa infraestructura de seguridad y la organización delictiva y también el encargado de adquirir el material para las operaciones.

También están acusados el supuesto encargado de coordinar las acciones y de impartir instrucciones en la red de tráfico de drogas, así como otro hombre que, al parecer, también tomaba decisiones; junto a supuestos participantes en las operaciones de intercambio de mercancía y al responsable de un gimnasio, donde se reunían los acusados y que era quien trataba con un guardia para los pagos.

La investigación puso de manifiesto que dicha organización internacional de narcotráfico planeaba varias entradas de droga en España, apuntando la Fiscalía que en una de esas transacciones «los acusados guardias civiles cobraron 7.500 euros cada uno» por supuestamente no interceptar la embarcación, localizada posteriormente en un embarcadero de Motril con 750 kilos de hachís.

En los registros realizados en los domicilios de los acusados, los investigadores intervinieron teléfonos, dinero y diferentes sustancias estupefacientes, entre ellas cajas de anabolizantes y medicamentos, así como vehículos.

El fiscal acusa a los tres agentes de los delitos de conspiración para cometer delito contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal, cohecho y omisión del deber de perseguir delitos, solicitando nueve años de cárcel para cada uno e inhabilitación para empleo o cargo público por 25 años.

Al resto de acusados les acusa de delitos contra la salud pública, de conspiración y de pertenencia a grupo criminal, solicitando penas que oscilan entre los cinco y los nueve años de cárcel. Además, pide que paguen multas por la droga intervenida.

El juicio está previsto que se celebre en la Sección Segunda de la Audiencia de Málaga, comenzando este lunes día 28 y continuando los días 1, 2 y 5 de julio, según han confirmado fuentes judiciales.