La UDEF implica a un diputado de JxCat en las mordidas de Jordi Pujol Ferrusola en el extranjero

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía implica al alcalde de Talamanca y diputado en Barcelona de Junts per Catalunya (JxCat) Josep Tarín como «íntimamente conexo» con las mordidas de las adjudicaciones amañadas en el extranjero por las que está siendo investigado Jordi Pujol Ferrusola en la Audiencia Nacional.

Así lo recoge en un informe remitido al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional el pasado mes de Julio en el que cuantificaba en más de 290 millones de euros el dinero que la familia Pujol, con cinco miembros imputados por delitos de corrupción, habría amasado en paraísos fiscales.

El informe incluye a Tarín como parte de la trama desarrollada presuntamente por Pujol Ferrusola en el extranjero, situándose como intermediario en adjudicaciones para empresas y fundamentalmente, Isolux Corsán, a cambio de mordidas.

La UDEF recoge los mensajes de chat entre el mayor de los Pujol y Tarín, que «también había sido introducido en el procedimiento por dedicarse a esas mismas tareas» y que «estaría fuertemente vinculado con el partido CDC, acudiendo a mítines electorales en compañía por ejemplo de personas ya conocidas como Felip Puig».

«Del diálogo mutuo de interés, que del diálogo se deduce la misma utilización de sociedades instrumentales, para canalizar comisiones, merced a la emisión de facturas por la prestación de servicios ficticios», señala el análisis policial.

Constan mensajes en los que Pujol Ferrusola comenta con Tarin «la conveniencia de emitir una factura a Ernesto Dos Santos», al que se sitúa como un conseguidor que haría de enlace entre ambos, y «concuerdan en que es mejor, al suponer un gasto para él, dado lo cual tributa menos por los beneficios».

«Esta misma lógica, ha sido la planteada por esta instrucción policial, en cuanto a los millonarios ingresos percibidos por Pujol Ferrusola en España, merced a facturaciones libradas a mercantiles varias, como COPISA», apunta la UDEF.

Refiere además que Isolux Corsán «más allá de su vinculación directa con la corrupción que suponen, en ningún caso representan prestación de servicios alguno, que supongan un coste de producción necesario para esas empresas, dado lo cual no deberían deducirse como gastos, y teniendo en cuenta los montos millonarios de algunas, serían delitos fiscales».