Los interinos denuncian que el Gobierno les saca de las listas de temporalidad con «contratos chanchullo»

Los trabajadores «interinos» de la Administración denuncian que el Gobierno les está sacando de las listas que muestran la temporalidad, firmando los contratos como si fueran para «proyectos puntuales que, en realidad, no existen, puesto que son los mismos trabajos que se venían realizando».

Cuando vence un contrato, «que normalmente volvía a cubrirse con otro igual una y otra vez», lo que hace ahora la Administración es que te ofrece uno que «abarca tres años para realizar algún tipo de proyecto o cubrir ese trabajo». La realidad es que si va más allá de los tres años, el contrato incurriría en fraude de ley. Aunque lleven trabajando más o el puesto así lo requiera, «no lo reconocen en ese tipo de contratos porque sería todavía peor que lo que ya existe». Sería reconocer que se hacen contratos que vulneran la ley. Estos contratos «puntuales» permiten, además, decir que no son puestos estables y, por lo tanto, «tergiversan las cifras de temporalidad con Bruselas».

En particular, el próximo sábado los funcionarios de la Generalitat de Cataluña se concentrarán frente a la subdelegación del Gobierno en Barcelona para protestar por lo que consideran que está siendo «un ajuste absolutamente irregular de los puestos de trabajo interinos». «Bruselas había pedido que se resolviera esa situación», nos dicen, «y la forma en que lo está haciendo el Gobierno es maquillando los datos».

Entienden los sindicatos y plataformas convocantes de la concentración que las ofertas de empleo público que están saliendo no «reflejan la necesidad real de muchos sectores, donde los empleados llevan años en la misma plaza» y, aunque saben que han de hacer la oposición, no comprenden «que los méritos solo abarquen tres años».

Fraude de ley

Desde la Plataforma de Afectados por la Función Pública, junto a sindicatos y el resto de convocantes de la protesta del día 28, advierten de que «si no se atiende a las necesidades de los interinos, lo próximo serán denuncias administrativas» para resolver la situación.

La principal queja de estos interinos afectados en la Generalitat es que las ofertas de empleo público solo puntúan, entre los méritos que se otorgan además del examen, tres años de trabajo. «Muchos de los afectados», afirman, «llevan trabajando en los puestos, para los que ahora sacan plaza, mucho más que esos 3 años».

Denuncian, a su vez, que esta es la fórmula que sirve para que el «Ejecutivo y la Generalitat se cuelguen la medalla de rejuvenecer la plantilla». La realidad es que igualan los méritos por «años trabajados de todos a tres, por lo que da igual que alguien lleve 6 o 10 años en la plaza».

Más de 80.000 funcionarios no tienen su plaza estabilizada por ese concurso de méritos. El absurdo llega al punto de que «las nóminas que pagan reconocen los trienios trabajados», y sin embargo ese reconocimiento no se refleja para obtener la plaza.

Demandas laborales

Los afectados por esta situación denuncian, además, que están siendo «despedidos de forma masiva», y que se está haciendo preavisando con menos de 24 horas a través de un correo electrónico: «Hay quien se presenta en su puesto de trabajo porque no se ha enterado y se tiene que ir porque le dicen que su plaza está ahora cubierta».

La salida se produce sin ningún tipo de indemnización, puesto que el trabajo se realizaba de forma interina hasta que se cubriera la plaza: «Es lo lógico, pero muchos de los que sufren esta situación están demandando porque existe relación laboral». De hecho, algunas de las denuncias que acaban en Europa terminan logrando el reconocimiento de que «esa plaza es ya suya».

Algunas de las categorías, como los administrativos del «cuerpo de subalternos», la peor pagada, llevan sin que se convoquen oposiciones desde el año 2006, por lo que muchos de los que trabajan allí llevan casi 20 años «en los mismos puestos», sin que puedan ahora ir a una oposición y puntuar por todos esos años.

«Debía celebrarse una oposición en 2020, pero se canceló y esperaron a que pasaran tres años para poder anular esa convocatoria y anunciarla de nuevo». Quienes se inscribieron perdieron el dinero invertido en academias, materiales… «sin contar las horas que dedicaron a ello». Lo que sí hicieron es devolver las tasas de examen.

Desde Cataluña, pese a la convocatoria de la manifestación del sábado, esperan que «algo pueda cambiar» tras la salida de José Luis Escrivá del ministerio que se encargaba de la Función Pública. En todo caso, es un optimismo muy leve, puesto que aunque «ahora gobierna el PSC allí, la situación de los responsables no ha variado». La directora de Función Pública allí sigue siendo Ana María Molina, y Alicia Corral -que había llevado buena parte de las fallidas negociaciones- la secretaria encargada del ramo.