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Crisis de la inmigración ilegal

Canarias ha recibido en lo que va de año un 112% más de inmigrantes ilegales que en el mismo periodo de 2020

Las cifras oficiales del Ministerio del Interior no dejan lugar a dudas: la avalancha de inmigración ilegal sobre las costas de Canarias no sólo no ha terminado, sino que va camino de superar a 2020. En lo que va de año respecto al mismo periodo del anterior, las costas canarias recibieron un total de 2.341 inmigrantes ilegales frente a los 1.103 de 2020. Más del doble, registrando un aumento del 112%.

Si el 2020 fue un año de récord para las cifras de la inmigración irregular, el 2021 va camino de superarlo. Los datos que incorpora el último informe quincenal elaborado por el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska muestran que, entre el 1 de enero y el 28 de febrero, al litoral canario llegaron 1.238 inmigrantes ilegales más que en el mismo periodo de 2020.

El número de pateras a bordo de las que viajaban estos inmigrantes también se ha disparado: de las 37 registradas en los dos primeros meses de 2020 a las 63 de este 2021. Son 26 más, un aumento del 70%.

Información sobre la llegada de inmigrantes a Canarias entre el 1 de enero y el 28 de febrero (Fuente: Interior).

A nivel estatal, el número total es ligeramente inferior respecto al 2020 en la que se registraron 4.428 llegadas de inmigrantes ilegales. Este año el número se queda en 4.226, una caída del 4%. En ese cálculo figuran las entradas por mar y por vía terrestre.

Si se tiene en cuenta únicamente las entradas por vía marítima, 2021 vuelve a superar las cifras de 2020: 3.459 frente a los 3.873 de este año. Un 10% más. El repunte también se deja notar en Ceuta, donde se ha pasado de 21 llegadas a las 68 de este año. Un 223%.

2020, año de récord

Canarias alcanzó en 2020 cifras récord en cuanto a llegadas de inmigrantes a sus costas, tal y como ha reflejado la agencia europea de control de fronteras Frontex en su balance estadístico.

En total, Canarias detectó 22.600 llegadas ilegales procedentes de la ruta marítima que une las islas con el continente africano. Las cifras son ocho veces superiores a las registradas en 2019 y suponen la marca más alta de las registradas por Frontex desde que comenzó a recopilar los datos anualmente en 2009.

España va camino, así, de convertirse en la ruta preferida por las mafias de la inmigración. Los datos españoles contrastan con el balance que hace el Frontex para toda la UE: la llegada de ilegales a la Unión se redujo un 13% en el 2020 marcado por la pandemia, y pese a ello se dispararon en España. A nivel europeo, son las mejores cifras desde 2013.

El crimen organizado

El aumento del número de personas a las que no se puede expulsar por falta de documentación está provocando que, tal y como ha desvelado OKDIARIO, los grupos criminales consolidados se fijen en ellos para cometer delitos. Desde hace meses el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, asegura públicamente que la llegada masiva de inmigrantes ilegales a Canarias, entre 2020 y 2021 cerca de 30.000, no está suponiendo un aumento de la inseguridad en las Islas en general y en Gran Canaria en particular. De hecho, las cifras de criminalidad arrojan un moderado ascenso de los delitos cometidos por personas llegadas de forma ilegal a las Islas. Pero esa cifra tiene truco.

Los agentes que a diario luchan con los problemas que está provocando el aumento de la población en determinadas zonas de las Islas, sobre todo Gran Canaria, apuntan a una situación mucho menos benévola que la dibujada por el delegado del Gobierno.

Fuentes policiales aseguran a OKDIARIO que la captación de estas personas por grupos delincuenciales ya establecidos en las Islas se está disparando: «Aquí en Las Palmas hay un grupo que opera en la estación de autobuses que ya lleva un tiempo aquí, aproximadamente pueden llevar operando en la zona dos años cometiendo pequeños robos y esos se han aprovechado de los que han llegado en esta oleada y son a los que reclutan para dar palos por ahí», explica una de las fuentes, que además asegura que «valerse de esas personas para cometer pequeños hurtos les resulta extremadamente práctico a efectos policiales, ya que no portan documentación para evitar ser expulsados».