Barcos obligará a las empresas privadas que ganen contratos públicos a atender en euskera

Las empresas que quieran ser subcontratadas por las Administraciones Públicas de Navarra para trabajos que requieran atención al público deberán tener obligatoriamente un plan de euskera. Así lo incluye el texto de la Ley Foral de Contratos Públicos, aprobada en el parlamento navarro, una ley en la que todos los grupos parlamentarios estaban de acuerdo hasta que el cuatripartito nacionalista de Uxue Barcos introdujo de forma subrepticia este nuevo ejemplo de dictadura lingüística.

En el capítulo V (‘Contratos de Servicios’) y en una breve disposición adicional  (la decimoquinta) Geroa Bai-PNV, EH Bildu, Izquierda-Ezkerra y Podemos) han incluido que esas empresas que contraten con el Gobierno de Navarra «elaborarán un plan de euskera para que las personas trabajadoras que ocupen los puestos de atención al público puedan formarse en dicha lengua», señala.

La imposición lingüística a los contratistas llama la atención en una comunidad en la que tan sólo habla euskera un 6,7 % y que en su mayor núcleo poblacional, la comarca de  Pamplona, no llega ni al 3 %.

Cuelan el euskera ‘de tapadillo’

Para evitar la polémica que genera cada paso en el proyecto de euskaldunización emprendido por nacionalistas, podemitas y proetarras, el Ejecutivo de Barcos ha aprobado esta ley en vía parlamentaria casi ‘de tapadillo’.El controvertido capítulo se introdujo a través de una enmienda y como la Disposición Adicional Decimoquinta de una ley con 234 artículos

Los siete grupos parlamentarios con presencia en la cámara navarra iban a votar a favor por tratarse de una Ley de Contratos que en un inicio se ceñía a aspectos de ahorro de costes, mejora del medioambiente o en materias como calidad, igualdad, discapacidad y salud laboral en las subcontrataciones.

De esta forma, empresas radicadas no sólo en Navarra, sino en cualquier otra comunidad autónoma que allí obtenga un contrato público, tendrán que pagar la elaboración de un plan que permita a sus trabajadores atender en euskera si quieren optar a un concurso público de contratación con el gobierno foral. La dictadura lingüística de Barcos, tras la Educación, la Sanidad y la Administración públicas, llegará así también a la empresa privada.