El fiscal acusa de blanqueo y cohecho al promotor que recibió el chivatazo de Rubalcaba

Rubalcaba-Puigdemont
El ex ministro de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, durante una intervención en el Congreso de los Diputados (Foto: Getty)

La Fiscalía  pide una pena de entre cinco y siete años de cárcel para el promotor José Carlos Fernández Delgado, como autor de los delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias y cohecho por su implicación en el caso Molinos.

Como ha informado OkDiario, Fernández Delgado recibió en 2008 un chivatazo del entonces ministro de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba para que se apartara «echando hostias» de la operación inmobiliaria en la que estaba implicado, cuando la Policía Nacional ya estaba investigando las tramas de corrupción urbanística de La Muela (Zaragoza).

Al menos así lo asegura el propio empresario, en una conversación telefónica pinchada por la Policía que está incluida en el sumario del caso Molinos, que la Audiencia Provincial de Zaragoza juzgará a partir del próximo 15 de diciembre.

Según el escrito final de acusación de la Fiscalía, José Carlos Fernández Delgado compró por 8,2 millones de euros una finca que había pertenecido a la entonces alcaldesa de La Muela, Mariví Pinilla, como contrapartida para que ésta recalificara como edificables los terrenos en los que tenía previsto desarrollar una importante promoción inmobiliaria.

Meses después, en noviembre de 2008, Fernández Delgado blanqueó (utilizando para ello a varios miembros de su familia) 250.000 euros que le había facilitado la regidora del Partido Aragonés (PAR), que procedían de las comisiones ilegales millonarias que Pinilla cobró de varios promotores a cambio de recalificar sus terrenos.

Siempre según el escrito de acusación, la ex alcaldesa Mariví Pinilla y su familia se embolsaron casi 3 millones de euros –parte en metálico y parte en forma de pago de sus gastos– del empresario Julián de Miguel Ortega, al que el Ayuntamiento de la Muela había otorgado ilegalmente el monopolio para desarrollar el suelo industrial en el municipio a través de la empresa Aranade.

Con el dinero negro de estas comisiones ilegales, la primera edil y su marido se compraron una vivienda en la calle Zaragoza, un chalé en Sotogrante (Cádiz) escriturado en 553.900 euros y una mansión, denominada Villa Los Naranjos, en la zona más lujosa de República Dominicana, además de una flota de siete vehículos, que pusieron a nombre de distintos miembros de la familia. Entre ellos, un Mercedes SLK, un VolksWagen Golf, un Grande Cherokee, un Nissan Trade 3.0 y un Honda CR-V.

Durante los registros ordenados por el juez instructor Alfredo Lajusticia, la Policía encontró en el domicilio de la familia 46.000 euros en billetes de 500 y otros 378.000 euros en billetes de 500 en casa de la hermana de la alcaldesa, además del dinero que ocultaban en metálico en las cajas de seguridad de varias entidades financieras.

La llamada al ministro de Interior

Además de su fructífera relación con el empresario Julián de Miguel Ortega, señala la Fiscalía, la alcaldesa de La Muela también se compinchó con el promotor José Carlos Fernández Delgado, quien gracias a sus contactos en el municipio se hizo con opciones de compra de un buen número de fincas que iban a ser recalificadas, para dar un pelotazo urbanístico.

Como contrapartida, Fernández Delgado pagó 8,2 millones de euros por la finca que había pertenecido a una promotora de la alcaldesa Pinilla y su marido.Sin embargo, los planes de este promotor comenzaron a torcerse cuando la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio (controlada por el PSOE y el PAR) empezó a poner objeciones a la revisiones del planeamiento urbanístico impulsada por la entonces alcadesa Mariví Pinilla.

Fue entonces cuando el promotor Jose Carlos Fernández Delgado decidió recurrir a la amistad que mantenía con Guillermo Polanco para sondear al entonces ministro Alfredo Pérez Rubalcaba sobre la predisposición del PSOE a aprobar su proyecto urbanístico saliera.

Al menos así lo relata el propio Fernández Delgado en una llamada telefónica grabada por la Policía el 21 de mayo de 2008, que obra en el sumario. Conversando con una amiga de La Muela, el promotor explica que «me ha llegado información a través de Rubalcaba, porque uno de mis socios en Mauritania y Senegal es el niño protegido de uno de los herederos del grupo Prisa», afirma en alusión a Guillermo Polanco.

A continuación, explica que había expuesto a su socio y a Guillermo Polanco su inquietud ante la posibilidad de que no saliera adelante la operación inmobiliaria de La Muela, en la que había invertido 30 millones de euros prestados por los bancos. Entonces, añade, «él [Polanco] dice espérate que vamos a hacer una llamada. Llamaron a Rubalcaba, y Rubalcaba llamó a Marcelino Iglesias [entonces presidente del Gobierno regional de Aragón]. Y la contestación a los diez minutos fue: ‘Dile a tu amigo que se salga echando hostias de la operación, esa operación está enquistada y no va a salir nunca’.

Un heredero del imperio Prisa

Como máximo responsable de la Policía, Rubalcaba no podía desconocer que desde hacía meses la Fiscalía, las fuerzas de seguridad y el juez estaban investigando buena parte de las operaciones urbanísticas desarrolladas en La Muela, tras recibir dos denuncias sobre las tramas de corrupción que se movían en torno a la alcaldesa Mariví Pinilla.

Algo que explicaría el tono apremiante con el que el entonces ministro de Interior aconsejó al promotor que saliera «echando hostias» del negocio inmobiliaria que había montado a la sombra de la regidora del PAR.

Pocos días antes, José Carlos Fernández Delgado explica en otra conversación pinchada por la Policía que ha conocido a Guillermo Polanco, a través de un empresario con el que planeaba poner en marcha un negocio de recogida de chatarra en Senegal.

Fue precisamente este sobrino del editor Jesús Polanco quien actuó de mediador para sondear a Rubalcaba sobre el proyecto urbanístico de La Muela, siempre según la conversación intervenida.

Guillermo Polanco ha ocupado distintos cargos en el imperio Prisa, como director general de la Editorial Santillana para Centroamérica (entre 1993 y 1999), director internacional de Prisa Radio (entre 1999 y 2000) y director de red de Localia TV (hasta 2007).

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