Los Guardias Civiles denuncian «deficiencias» en el crimen de Mocejón: «La respuesta tardó 40 minutos»

Jucil, asociación profesional mayoritaria entre los agentes de la Guardia Civil, ha denunciado la escasez de agentes en el ámbito rural, como en Toledo. La falta de efectivos provoca «deficiencias» a la hora de atender delitos como los asesinatos producidos este fin de semana. Un niño de 11 años murió asesinado en Mocejón por el ataque de un sujeto que aún no ha aparecido. Y una chica de 17 años fue asesinada por su padrastro, quien también atacó a la madre de la víctima, quien resultó gravemente herida. Los Guardias Civiles denuncian que el tiempo de respuesta en ambos crímenes superó los «40 minutos». La asociación recalca en un comunicado publicado este lunes que estas trágicas muertes «revelan que el actual despliegue de la Guardia Civil no ofrece la seguridad adecuada a los habitantes de los pueblos en España».

En el asesinato del niño de Mocejón, Jucil ha indicado que se activaron dos patrullas, una desde Seseña, a 39 kilómetro de distancia, y otra desde una localidad cercana al lugar del suceso, junto con el apoyo del Seprona desde Illescas, situado a casi treinta minutos. Pero, a pesar de que ello, «el tiempo de respuesta fue de cuarenta minutos». Un intervalo de tiempo que, según Jucil, permitió huir al asesino, que hasta el momento sigue sin ser capturado.

En el caso del asesinato en Otero, «la situación fue aún más grave», añade el comunicado de la asociación de Guardias Civiles. Jucil relata que «el primer aviso de la discusión se produjo a las siete y fue media hora después, según los testigos, cuando se escucharon los disparos, sin que ninguna patrulla hubiese llegado en este lapso hasta el lugar donde se produjo la llamada de emergencia».

«Estos tiempos de respuesta son inaceptables», subraya en el comunicado Javier Montero, portavoz de Jucil. «En situaciones de emergencia, cada minuto cuenta, y los residentes en las áreas rurales no pueden seguir soportando esta situación de desprotección. No podemos permitir que la distancia y la falta de recursos pongan en riesgo la vida de los ciudadanos», reclama Montero.

La asociación reclama una ampliación de la cifra de efectivos y que se abra una reflexión sobre la forma de despliegue de la Guardia Civil, «porque todos los ciudadanos, sin importar donde vivan, tienen derecho a una protección sin demoras, adecuada y eficaz». Para Jucil, el último catálogo de puestos de trabajo revela «un déficit significativo de efectivos en la provincia de Toledo, donde se necesitarían al menos 200 guardias civiles adicionales». Un déficit «igualmente preocupante» en el resto de las provincias de Castilla-La Mancha y que «se extiende por toda España». «Deja a muchas comunidades rurales en una situación creciente de vulnerabilidad», concluye la asociación.