Dos detenidos por la explotación y hacinamiento de 200 temporeros extranjeros en Huesca

• Ángel Moya @AngelMoyatv
• Periodista en activo desde 1994, especializado en información de sucesos y actualidad. En OKDIARIO desde el año 2018. Fui redactor del Diario de Las Palmas, pasé por los Informativos de Telecinco, me ocupé de sucesos en Telemadrid hasta el 2006, fui prescriptor en plató de sucesos y actualidad para Las Mañanas de Cuatro y el Programa de Ana Rosa hasta el año 2019 y desde entonces colaboro con TVE. Desde hace dos años, también me puedes escuchar en el programa Por Fin de Onda Cero en la sección "De buenos y malos". Coautor de los libros "Los reyes latinos", "Red de mentiras" y "Tras el muro".
• • 24/06/2025 13:54
  • Actualizado: 24/06/2025 13:57

Dos empresarios de Huesca han sido detenidos y un tercero está investigado por la explotación laboral de 200 temporeros extranjeros a los que tenían hacinados en un viejo hotel de carretera y chamizos ruinosos con capacidad para alojar a 30 personas. Las víctimas, la mayoría de origen colombiano y pakistaní, se encontraban legalmente en España para trabajar en la recogida de fruta y entre ella hay familias con niños.

Los temporeros sometidos a explotación laboral vivían hacinados en habitaciones colectivas llenas de colchones, almacenes agrícolas reconvertidos en dormitorios y espacios carentes de ventilación ni mobiliario decente. Dos de las casas en que los detenidos acusados de explotación laboral alojaban a los temporeros estaban en peligro inminente de derrumbe.

La operación de la Guardia Civil se inició a primeros de este mes tras recibir tres denuncias en las que se exponía que, en dos domicilios de la localidad de Candasnos y en una finca de un antiguo establecimiento hostelero de la comarca del Bajo Cinca, se encontraban viviendo cerca de 200 temporeros colombianos y pakistaníes en condiciones que atentaban contra sus derechos como trabajadores y como extranjeros en España.

Alojados en casas en peligro de derrumbe

Los agentes iniciaron una investigación y comprobaron que en los domicilios de Candasnos vivían unas 50 personas, entre las que había dos familias con hijos menores, en casas con peligro de derrumbe. Los guardias civiles comprobaron cómo había 147 personas hacinadas en un hotel en desuso y cerrado.

Allí residían en condiciones de insalubridad, sin la adecuada canalización de aguas fecales, con una precaria instalación eléctrica y con evidente riesgo de incendio. Así mismo, se observó que se estaban llevando a cabo trabajos de construcción sin autorización para ampliar el número de habitaciones y poder albergar a más gente.

Una vez recabada toda la información con la colaboración del Ayuntamiento de Candasnos y Servicios Sociales se registró la finca y se detuvo a dos empresarios españoles, de 61 y 52 años, por un delito contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Los temporeros estaban legales en España

Los agentes pudieron comprobar que los trabajadores alojados contaban con una autorización de residencia temporal y trabajo para actividades de temporada en migración circular. Fueron contratados en su país de origen por el procedimiento de Gestión Colectiva de Contrataciones en Origen (GECCO), vinculado al Ministerio de Migraciones, por empresas de trabajo temporal para la recogida de la temporada de fruta.

Los guardias civiles comprobaron cómo el propietario de los inmuebles tenía vinculación con los empresarios implicados de las empresas frutícolas y de trabajo temporal para sacar un beneficio económico con los servicios de alojamiento de los trabajadores.

Les retenían el salario

Una de las empresas implicadas retenía parte del salario de los trabajadores en concepto de alojamiento y transporte diario al puesto de trabajo y otro tipo de servicios. Imponían condiciones laborables abusivas como el pago diferido para pagar el billete de avión del viaje de vuelta al país de origen de los trabajadores.

Los guardias también investigan a seis empresas de Huesca, Castellón, Barcelona y Madrid, todas dedicadas al sector hortofrutícola, por su presunta implicación en los hechos denunciados.