Varias asociaciones de familia entregan al Gobierno 100.000 firmas por la libre elección de centro

Las organizaciones de familia Educatio Servanda, Concapa y Foro de la Familia, entre otras del ámbito de la educación han entregado esta semana en el Ministerio de Educación un manifiesto con más de 100.000 firmas en el que piden a la ministra de esta cartera, Isabel Celaá, que «tenga en cuenta a las familias» para establecer las líneas maestras de su acción política.

«Queremos decirle a la ministra que reconozca que el Estado es siempre subsidiario de la familia y que, en consecuencia, mantenga la demanda social como criterio fundamental de escolarización. Las familias tenemos que tener una voz preponderante en todo lo que respecta a la educación de nuestros hijos», ha reclamado el presidente de Educatio Servanda, Juan Carlos Corvera.

Por su parte, el presidente de Concapa, Pedro José Caballero, ha manifestado que las familias deben «preservar» su «derecho a elegir el modelo educativo constitucionalmente reconocido, impidiendo cualquier intento de adoctrinamiento ideológico, mediante la promoción de una educación, de idéntica calidad, medios e instrumentos educativos en cualquiera de sus dos redes».

En la misma línea se ha expresado el presidente del Foro de la Familia, Ignacio García-Juliá, al recordar a la ministra que «el problema de la escuela en España no es un enfrentamiento entre público y privado, es un problema entre educación dirigida y educación libre». «La política debe quedar fuera de los contenidos y organización de las aulas», ha subrayado.

El manifiesto que llevaron hasta el Ministerio de Educación esta semana fue impulsado el pasado mes de julio, a iniciativa de la Fundación Educatio Servanda y CONCAPA, y pretendía ser una respuesta a unas declaraciones en las que Celaá manifestaba que «el derecho a la educación siempre recae sobre los individuos que son sujetos de aprendizaje, no recae sobre las familias, ni sobre los territorios ni sobre las religiones».

Además, las asociaciones de familia critican también su intención de modificar el artículo 109.2 de la Ley Orgánica por la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que incluyó el concepto de «demanda social» en la planificación escolar, un concepto que las familias consideran fundamental porque «protege la elección de los centros», ya sean escuelas públicas estatales o escuelas concertadas.

Asimismo, denuncian que semanas después, en el mes de octubre, Celaá «ignoró» a las familias cuando solicitaron formalmente ser recibidas por la ministra.