Transportistas impiden de forma violenta el reparto de prensa en Madrid

La empresa Boyacá, distribuidora de prensa y revistas en la Comunidad de Madrid, ha denunciado amenazas y presiones a sus conductores por realizar el reparto de la prensa en papel durante el paro –injustificado y sin previo aviso, según la empresa– que han llevado a cabo los transportistas subcontratados.

La empresa de distribución asegura en un comunicado que el objetivo de esos transportistas en huelga es coaccionar de cara a conseguir una serie de condiciones «privilegiadas y fuera de mercado» en la nueva relación contractual que pretenden imponer. Explica la empresa que no se ha producido ningún incumplimiento de los contratos firmados con dichos transportistas, vigentes desde el año 2011, y que se tendrían que renovar o renegociar hasta antes del próximo 30 de agosto.

La empresa ha propuesto una reestructuración a partir de esa fecha para adaptarse a la situación del mercado de la prensa escrita.

Durante la noche del sábado, la segunda en esta huelga, hasta tres personas fueron detenidas por boicotear el reparto de la prensa, habiendo recibido la Policía más de 20 denuncias de amenazas a transportista. Los repartidores de la empresa han denunciado que los piquetes han coaccionado a numerosos quiosqueros para evitar la venta de la prensa, mientras que ellos han tenido que sufrir amenazas y la sustracción de su mercancía.

En el relato de los sucesos que hace Boyacá, denuncian que «iniciado el reparto con medios alternativos por parte de la empresa en la madrugada del sábado 21 de julio, se han producido persecuciones a los vehículos alternativos utilizados para el reparto, se han producido amenazas, agresiones, bloqueos, golpes con vehículos para impedir el reparto de la prensa y revistas en Madrid en el día de hoy. Asimismo, se han producido coacciones, amenazas, agresiones y la utilización de medios violentos por parte de los transportistas».

«Los medios violentos, fuera de la ley, de todo punto inadmisibles en un estado de derecho, utilizados por los transportistas a modo de claro chantaje para la firma de un nuevo contrato que satisfaga susinalcanzables pretensiones económicas y mantenga su situación de privilegio, son en todo punto inaceptables para la empresa que con esta situación pone en peligro su viabilidad y los puestos de trabajo de más de 1300 trabajadores», explica la empresa en su comunicado.