La Defensora del Pueblo deja el cargo el 21 de julio: «He tenido independencia absoluta, no he recibido presiones»

Soledad Becerril, la primera mujer ha ocupado el cargo de Defensora del Pueblo, dejará el próximo 21 de junio –cuando termina su mandato de cinco años– el timón de una institución que considera que tiene «autoridad», está «arraigada», es «solvente» y está «bien valorada por los ciudadanos». «He tenido independencia absoluta. No he recibido presiones», ha asegurado en una entrevista a falta de un mes para cesar en el cargo.

Sobre los motivos que le llevaron a tomar esta decisión, que anunció hace unas semanas, asegura que el único es que ha cumplido una etapa en la vida pública y «no hay nada más».

En este sentido, ha afirmado que no hay plazo para defender los derechos y libertades y no es que haya terminado el tiempo de defensa de esos derechos porque hay que hacerlo toda la vida. En todo caso, al despedirse, Becerril no ha querido revelar a qué se dedicará a partir de ahora. «Esto es un paso atrás en la vida pública», ha sentenciado.

Lo que sí tiene claro es que «casi todas» las tareas iniciadas por las institución deben continuarse. «La democracia es un sistema imperfecto y necesita reformas permanentes, modificaciones en todos los campos», ha dicho para hablar de temas como las viviendas vacías, trata de mujeres con fines de explotación o la llegada de refugiados.

UE, Príncipe de Asturias de la concordia

Precisamente, la Defensora del Pueblo ha mostrado su satisfacción por que el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia haya recaído en la UE. «Merece un reconocimiento porque es el único gran proyecto internacional de paz y de democracia del siglo XX. Me alegro de este reconocimiento. Hará que determinadas actuaciones mejoren o se refuercen», ha asegurado, al tiempo que ha aclarado que uno de los asuntos que tiene que ser mejorado es el de la acogida de refugiados.

En este sentido, ha recordado que los años 2015, 2016 y parte de 2017 han sido años «de mucha burocracia, falta de coordinación y falta de autoridad». «Hemos clamado por un política común en esta materia y parece que las cosas están algo mejor –ha valorado–. La UE tiene que reforzar esa política común y proporcionar los medios para que las decisiones sean más rápidas, más ágiles y siempre humanitarias».

Respecto al Gobierno español, ha señalado que cree que va a intentar cumplir con su compromiso de acogida de refugiados. «No sé si lo logrará de aquí a septiembre –ha precisado–. Le instamos a que lo logre». Becerril ha apuntado que dentro de ese compromiso adquirido está el mostrar que en España se dan las condiciones para que los refugiados tengan «una acogida suficiente, una reubicación digna y puedan permanecer en España. «Sí es cierto que todavía hay muchos que tienen familia o amigos en centroeuropa, pero nosotros tenemos que mostrarles que somos capaces de esa acogida», ha insistido.

ETA en los libros de texto

Por otro lado, la Defensora ha manifestado su deseo de que los libros de texto recojan un relato «con rigor» y «solvente» sobre ETA, que no sea como el de la mayoría de las editoriales de la actualidad que, a su juicio, se refieren casi siempre a las víctimas del franquismo y no a las de la democracia.

«Hay algún libro que recoge documentos de la banda y ni uno que recoja lo dicho por una víctima. Es absolutamente desequilibrado. Parece que hubieran actuado en los años 60 y luego ya ni aparecen», ha lamentado, al tiempo que ha apuntado la conveniencia de reabrir casos para que prescriban y buscar a los autores intelectuales que «pensaron, idearon y decidieron» cómo se atentaba.

Una de las últimas actuaciones que ha llevado a cabo la institución es llevar al Fiscal a 19 ayuntamientos que considera entorpecedores porque no facilitan la información que les requiere el Defensor, tras múltiples requerimientos. En todo caso, ha recalcado que las administraciones que no contestaron en 2016 fueron 35 mientras que en 2012 eran 76. «Hemos reducido estas administraciones morosas», añade para precisar que hay pequeños municipios que no tienen capacidad de respuesta y a los que las diputaciones deben prestar asistencia.

También ha pedido que las administraciones bajen su tiempo de respuesta y ha recordado que el Defensor lo ha reducido a la mitad. «Muchos no son conscientes de que cuando les planteamos una queja tienen la obligación legal y moral de responder. No pueden tardar 70 días en contestar», ha subrayado.

Aún sin sucesor

Becerril tiene también previsto presentar el informe semestral de la institución en las Cortes. Hasta el pasado 19 de junio, se han registrado 10.822 quejas (7.650 individuales y 3.172 colectivas) y se han iniciado 390 actuaciones de oficio.

En estos momentos, aún no sabe si comparecerá por última vez en el Parlamento o ya lo hará Francisco Fernández Marugán, que ejercerá de interino hasta que tres quintos del Congreso y el Senado elijan a su sucesor. Sobre si debería ser otra mujer, la Defensora se ha mostrado contraria a las discriminaciones de género. «En la vida pública hay que tener capacitación y afán para volcarse en el cargo», ha indicado.