La sanidad privada alerta del ‘colapso’ del sistema público

Los profesionales de la sanidad privada han lanzado una voz de alarma por el colapso del sistema público. La presidenta de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), Cristina Contel, ha alertado al presidente del Gobierno Pedro Sánchez de que la sanidad pública será «inviable y sostenible» si se prescinde de las empresas privadas.

Contel advierte del impacto negativo que tendrá la «desprivatización» de la sanidad, una de las medidas que han negociado el Ejecutivo y Podemos y que se contemplaría en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019.

La presidenta de ASPE afirma en una entrevista a Libremercado que la sanidad pública se «colapsaría irremediablemente sin la colaboración de la privada». Los efectos nocivos para los pacientes, ciudadanos y el sistema sanitario serían «terribles» e «irreparables» en algunos casos. En esta línea, asegura que «ni la Ley General de Sanidad ni la Ley de Contratos del Sector Público permiten la discriminación a las empresas con ánimo de lucro, algo que ASPE ha denunciado ya ante la Comisión Europea».

‘Modelo Alzira’

Contel también ha opinado sobre el modelo implementado en la Comunidad Valenciana, bautizado como el ‘modelo Alzira’ tras la llegada del PSOE y Compromís al poder. Este modelo, que se basa en la colaboración de la sanidad privada y pública, ha demostrado «su eficiencia tanto en términos económicos -ahorra costes al sistema-, como en calidad asistencial -reduce las listas de espera y mejora la satisfacción de los pacientes-«.

Por el contrario, ha puesto como ejemplo la reversión del Hospital de La Ribera, que ha obligado a la Consejería de Sanidad valenciana a contratar a casi 500 empleados para llevar a cabo la gestión de este área de salud, «atendiendo a menos pacientes y aumentando la lista de espera, generando, en consecuencia, un mayor gasto que, por el momento, no ha derivado en un mejor funcionamiento en la cifra de pacientes atendidos ni en lista de espera superior a 30 días, que se ha incrementado del 25% al 35,6%».

La presidenta de la patronal sanitaria indica que, en este sentido, los pacientes son los más perjudicados y «pone en riesgo la prestación de la asistencia sanitaria».