La sanidad privad acusa al Gobierno de «falsear datos» para atacar al sector: «Es realmente intolerable»
ASPE advierte: sin colaboración privada, el sistema público entraría en fallo sistémico
La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) expresa su profundo rechazo ante una nueva visión sesgada y sectaria del actual Gobierno contra la colaboración público-privada en materia sanitaria. El informe Evaluación de la sanidad privada en el sistema sanitario de España, publicado ayer por el Ministerio de Sanidad, es un documento confuso redactado con la única misión de menospreciar el papel esencial de contribución del sector privado a la salud pública.
Las afirmaciones que ponen en duda la legitimidad, eficiencia y contribución de la privada no solo son injustas, sino peligrosas: promueven una vez más un debate ideológico que pone en riesgo la salud de millones de ciudadanos. Uno de los axiomas básicos del informe sostiene que cada vez hay más centros privados vinculados al SNS, afirmando incluso un crecimiento exponencial en prácticamente todas las comunidades autónomas. Para ello, se utilizan porcentajes que parten de la premisa falsa de que en 2019 no existían hospitales privados vinculados al SNS, generando así una realidad artificiosa cuyo objetivo es sostener una tesis descalificatoria contra la aportación de la sanidad privada.
Además del uso inexacto de datos, el informe contiene consideraciones argumentales que desacreditan su validez. De esta forma, ASPE responde con hechos a los principales ataques y advierte sobre las consecuencias reales de ignorar al sector privado.
Respuesta a los ataques del Gobierno
1. La sanidad privada colabora siempre bajo solicitud del sistema público
Desde la aprobación de la Ley General de Sanidad de 1986, la sanidad privada ha colaborado de forma legal, regulada y respetuosa con el Sistema Nacional de Salud. Su intervención siempre responde a la demanda del sistema público. Por tanto, la colaboración público-privada ha sido ―y es― un mecanismo planificado para dar cobertura adicional cuando la sanidad pública está desbordada, no una estrategia de intromisión o mercantilización. La privada no compite por conveniencia: asume cargas reales de trabajo que la sanidad pública no puede absorber sola.
Las acusaciones que señalan que la privada actúa por cuenta propia o en contra del SNS constituyen una tergiversación intolerable del funcionamiento real del sistema.
2. La sanidad privada es más eficiente a nivel económico
Los procedimientos concertados con la sanidad pública en centros privados resultan, de media, hasta un 44 % más baratos que en centros públicos. Por ejemplo, una sustitución de cadera es aproximadamente un 46 % más barata en la privada; una prueba PET puede reducir el coste en hasta un 69 %; y una laparoscopia gástrica restrictiva puede costar hasta un 69 % menos.
Estos datos no son anecdóticos: demuestran que la colaboración privada aporta capacidad asistencial y eficiencia económica real, permitiendo al SNS ahorrar recursos sin sacrificar calidad. Si la colaboración fuera tan perjudicial, cabría preguntarse por qué el Gobierno renovó en 2025 el convenio de mutualismo administrativo de MUFACE, asegurando la continuidad del modelo.
3. La demora asistencial, sin colaboración, llevaría al fallo sistémico del SNS
El panorama de las listas de espera del sistema público es alarmante. A 30 de junio de 2025, la espera media para una intervención quirúrgica alcanzaba los 118 días. El número de pacientes en lista de espera era de 832.728 personas, de las cuales un 19,6 % llevaba esperando más de seis meses.
En un contexto de envejecimiento poblacional, aumento de la cronicidad y frecuentación sanitaria en máximos históricos, renunciar a la colaboración con la privada implicaría conducir al sistema a una saturación sin precedentes y asumir un riesgo inasumible para la salud pública. Como ejemplo: 12,4 millones de ciudadanos tienen seguro de salud privado. Si todos ellos acudieran exclusivamente a la sanidad pública, el colapso sería inmediato.
Mientras tanto, la sanidad privada continúa demostrando su capacidad para descongestionar la demanda asistencial. El 70 % de los pacientes son intervenidos en menos de 15 días desde la prescripción, y el 26 % lo son en menos de seis días.
4. La privada colabora menos que hace 10 años
Contrariamente a lo afirmado por el informe de Sanidad, la inversión en conciertos ha disminuido en términos proporcionales. La proporción destinada a conciertos pasó del 11,6 % en 2013 al 10,1 % en 2022. Esta reducción supone una pérdida de cerca de 9.300 millones de euros en inversión pública hacia conciertos durante la última década.
Este dato desmonta cualquier discurso sobre una supuesta «expansión descontrolada» de la privada. No hay un incremento excesivo de conciertos: el sector privado pierde peso en un momento en que la demanda y las listas de espera aumentan. De cada 100 euros del sector de provisión sanitaria privada, la colaboración con el sector público representa de media solo un 15 %. No existe dependencia directa del sistema público; se actúa siempre bajo demanda de la autoridad competente.
5. Todas las CCAA colaboran con la sanidad privada, incluso Ceuta y Melilla
En toda España ―sin excepción― las comunidades y ciudades autónomas mantienen algún tipo de colaboración con la sanidad privada: conciertos, derivaciones u otros modelos de cooperación. Esta realidad se da bajo gobiernos de todos los partidos.
Incluso Ceuta y Melilla, cuyos servicios sanitarios dependen directamente del Ministerio de Sanidad, recurren a la privada. En estos territorios se derivan pacientes a Andalucía para interrupciones voluntarias del embarazo o para reforzar la atención en momentos de alta presión asistencial, como los picos gripales.
Resulta llamativo que, en los territorios donde el propio Ministerio ejerce la competencia directa, se recurra a la sanidad privada para garantizar la atención mientras se sostiene públicamente un discurso contrario a esa colaboración.
Por todo lo anterior, ASPE censura el enfoque ideológico y simplista que pretende presentar a la sanidad privada como un problema y no como una solución. Los datos demuestran lo contrario: la privada trabaja siempre bajo demanda del sistema público; utiliza su infraestructura y personal para atender necesidades puntuales o persistentes; ofrece servicios concertados mucho más económicos; reduce listas de espera y alivia la presión sobre el sistema público; y su peso en conciertos está disminuyendo, lo que evidencia que no existe ningún auge desproporcionado.
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