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Política sanitaria

Mónica García cambia la contabilidad de las listas de espera para atacar a Madrid y quitarle el liderazgo

Esta iniciativa llega apenas días después de impulsar una ley para frenar y restringir aún más los conciertos sanitarios público‑privados

La ministra de Sanidad, Mónica García, se ha convertido en el centro de una  nueva polémica política tras anunciar un nuevo Real Decreto que cambia la forma de contabilizar las listas de espera del Sistema Nacional de Salud (SNS), una medida que claramente es un intento deliberado de minar el liderazgo sanitario de la Comunidad de Madrid y rebajar sus cifras de gestión sanitaria más favorables. Esta iniciativa llega apenas días después de que el mismo Gobierno impulsara una ley para frenar y restringir aún más los conciertos sanitarios público‑privados, lo que ha sido percibido como otro ataque directo al modelo de gestión sanitaria madrileño y a la libertad de elección de los ciudadanos.

El Ministerio de Sanidad anunció que ha puesto a audiencia pública el proyecto de Real Decreto que sustituiría al vigente Real Decreto 605/2003, con el objetivo oficial de unificar y modernizar el sistema de información de las listas de espera en todo el SNS. Según el propio texto legal, que está abierto a aportaciones hasta el 8 de marzo, la norma busca corregir deficiencias como la falta de cobertura homogénea en ámbitos asistenciales relevantes (como Atención Primaria o Salud Mental) y las diferencias en interpretación de criterios entre comunidades autónomas. Sin embargo, pretende sacar una norma sin el acuerdo con las autonomías, de espaldas al Consejo Interterritorial. 

Para el Gobierno, esto significaría actualizar un sistema normativo que no incorpora de forma sistemática indicadores avanzados ni mecanismos de análisis más completos. Entre las razones técnicas que justifican el cambio, Sanidad destaca la evolución de los modelos asistenciales, el desarrollo de la tecnología de información clínica y la creciente demanda social por mayor transparencia y rendición de cuentas.

Sin embargo, la medida no ha sido recibida con beneplácito en todos los frentes. En particular, partidos de oposición y voces críticas en el ámbito sanitario sostienen que el cambio de contabilidad de las listas de espera puede diluir los datos que históricamente han situado a Madrid como una de las comunidades con mejores tiempos de acceso a consultas y procedimientos diagnósticos o quirúrgicos, alterando comparativas y reduciendo artificialmente su rendimiento relativo frente al resto del país. Estos sectores alegan que, en la práctica, se trata de una maniobra política más que de una mejora técnica.

Ley de Gestión Pública

Esta crítica se amplifica al ser concatenada con otra iniciativa impulsada por García: el anteproyecto de la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, que limita drásticamente la colaboración público‑privada y pone condiciones estrictas para la externalización de servicios sanitarios, reduciendo los conciertos con empresas externas a supuestos excepcionales. Sin embargo, los peores datos en este caso pertenecen a comunidades del Partido Socialista como Navarra y Cataluña. 

En las filas del Gobierno, García defiende ambas iniciativas como pasos necesarios para reforzar la cohesión del sistema y proteger la sanidad pública de intereses mercantiles, mientras que desde la oposición se replican argumentos de que estas medidas ponen trabas a la colaboración entre lo público y lo privado e impiden modelos de eficiencia que, hasta ahora, han beneficiado a pacientes y a la gestión sanitaria.

Petición de dimisión a Mónica García

Por otra parte, todos los sectores médicos y la oposición al Gobierno de Sánchez han pedido la dimisión de Mónica García, por la quinta huelga nacional de médicos y la más importante en España desde 1995. Miles de profesionales han iniciado paros de hasta una semana al mes desde el 16 de febrero en protesta por el borrador del nuevo Estatuto Marco que regula sus condiciones laborales, que es percibido por gran parte del colectivo como una traición a sus demandas específicas y una falta de reconocimiento de su realidad profesional; en Madrid, cerca de 10.000 médicos se manifestaron recientemente exigiendo la dimisión de García y un estatuto propio para su profesión, con consignas como «Mónica, traidora» y «Sin médicos no hay sanidad» que dejan a las claras el nivel de frustración del sector.