Madrid planta cara al nuevo manual de eutanasia de Sanidad por sus «dudas jurídicas, clínicas y éticas»

La actualización del Manual de Buenas Prácticas en Eutanasia ha abierto un nuevo frente entre el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid. El documento, aprobado este viernes en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) con el respaldo de la mayoría de las comunidades autónomas, salió adelante pese al voto en contra del Ejecutivo madrileño, que considera que introduce cambios que generan inseguridad jurídica y dejan desprotegidos a los profesionales sanitarios.

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, justificó el rechazo al considerar que el nuevo texto incorpora aspectos que, a juicio del Gobierno regional, exceden el contenido de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia y plantean «problemas jurídicos, clínicos y éticos». Según defendió tras la reunión del CISNS, cualquier modificación de ese alcance debería abordarse mediante una reforma legislativa y no a través de un manual de buenas prácticas.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad sostuvo que el documento no modifica la ley, sino que actualiza las recomendaciones para su aplicación a partir de la experiencia acumulada desde la entrada en vigor de la norma en 2021. La ministra Mónica García ha defendido que el objetivo es ofrecer una mayor seguridad a pacientes y profesionales.

¿Qué cambia el nuevo manual?

La segunda edición del Manual de Buenas Prácticas incorpora varias novedades relevantes respecto al texto elaborado tras la aprobación de la ley.

Entre ellas figura la inclusión de protocolos para compatibilizar la prestación de ayuda para morir con la donación de órganos cuando sea clínicamente posible, una mayor definición del papel asistencial de la enfermería durante todo el proceso y nuevos criterios organizativos destinados a agilizar la tramitación de los casos más urgentes y favorecer una aplicación más homogénea en todo el Sistema Nacional de Salud. Asimismo, el documento contempla la posibilidad de aplazar el procedimiento durante un periodo más amplio cuando así lo solicite el paciente y actualiza distintos aspectos técnicos derivados de la experiencia acumulada en estos cinco años de aplicación de la ley.

Las objeciones de Madrid

La Comunidad de Madrid sostiene que algunas de estas recomendaciones podrían interpretarse como una ampliación del marco previsto por la legislación vigente y alerta de que determinadas indicaciones podrían generar incertidumbre entre los profesionales encargados de aplicar el procedimiento.

Desde el Ejecutivo regional insisten en que la comunidad seguirá cumpliendo la ley, pero consideran que el nuevo manual introduce criterios que deberían ser debatidos y aprobados, en su caso, mediante una modificación de la norma y no mediante un documento técnico.

Un debate que trasciende lo sanitario

La discrepancia vuelve a poner de manifiesto que la aplicación de la eutanasia continúa siendo uno de los asuntos con mayor carga ética y política dentro del sistema sanitario español.

Mientras el Ministerio defiende que la actualización del manual busca garantizar una atención más uniforme y reforzar las garantías de pacientes y profesionales, el Gobierno madrileño sostiene que cualquier cambio que pueda afectar a la interpretación de la ley debe contar con un respaldo jurídico expreso para evitar conflictos asistenciales y legales.

Con la aprobación del documento, el nuevo Manual de Buenas Prácticas pasará a convertirse en la guía para la organización de esta prestación en el Sistema Nacional de Salud, aunque el desacuerdo de Madrid evidencia que el debate sobre su aplicación sigue lejos de cerrarse.