Un acierto político, un dislate jurídico

Meterse a golpista nunca había salido tan barato. Carme Forcadell, una de las representantes más radicales del independentismo catalán, —fue presidenta de la ANC desde 2012 a 2015— podrá eludir la cárcel si paga una fianza de 150.000 euros, que para la ex presidenta del Parlament es lo mismo que quedar en libertad directamente, pero algo más gravoso. La resolución del Tribunal Supremo sólo se puede entender desde la vertiente política, aún reconociendo la habilidad del magistrado Pablo Llanera para propiciar una confesión verbal de Forcadell. Una manera de que el Gobierno y los independentistas acerquen posturas. Antes de traicionar al resto de golpistas al acatar el artículo 155 de la Constitución ante el Alto Tribunal, Forcadell había desafiado en numerosas ocasiones la legalidad vigente y, con el resto de líderes independentistas, había sido un rostro visible del golpe contra España. Además, los letrados de la Cámara autonómica le habían advertido hasta el cansancio sobre la ilegalidad de sus actos. «No daremos ni un paso atrás», dijo, no obstante, el pasado 21 de octubre después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunciara que iba a aplicar el 155. La condena de este jueves, por tanto, aunque pudiera resultar conveniente a la larga para solucionar esta grave crisis, no es recomendable. 

Cualquier país avanzado que se precie debe fundamentar su Estado de Derecho en una incuestionable separación de poderes que actúe como un paradigma igualitario entre todos los ciudadanos. Bien es cierto que este fallo del Supremo desactiva el sempiterno victimismo secesionista y refuerza la voluntad del Gobierno de acabar cuanto antes con esta crisis de la manera más conciliadora y menos punitiva posible. Sin embargo, y como sucediera el pasado miércoles durante la huelga de Cataluña con la actuación laxa de los Mossos, puede transmitirse la sensación de poca contundencia y sentar peligrosos precedentes con unos líderes independentistas que, como han demostrado en reiteradas ocasiones, sólo están conformes y contentos con la ruptura de España. Esta resolución choca, además, con la petición de la Fiscalía, que había solicitado prisión incondicional tanto para Forcadell como para otros tres miembros de la Mesa: Lluís Corominas, Lluís Guino y Anna Simó. Al final, estos últimos quedarán en liberad con una fianza de 25.000 euros. 

Resulta por tanto un rebaja excesiva ante las pretensiones del Ministerio Público y también en comparación con el trabajo realizado por la Audiencia Nacional. Allí, la juez Carmen Lamela ha demostrado lo que dijo: «No estoy subordinada a ningún poder político, haré lo que tenga que hacer en Derecho». La magistrada ha confirmardo la prisión para Oriol Junqueras y los otros siete exconsejeros catalanes. Ahora el Tribunal Supremo ha cambiado el paso y ha confeccionado un auto político. Una maniobra que deja sin excusas a aquéllos que hacen un uso torticero e interesado de la palabra «represión», pero que, al mismo tiempo, deja la sensación de que ir en contra de la Constitución y de España es algo que, en general, acaba siendo mucho menos grave de lo que parece. Y eso, a la larga, también puede convertirse en un gran problema por el efecto contagio que puede tener en otras regiones y, sobre todo, porque puede fomentar el escepticismo entre los ciudadanos que cumplen de manera escrupulosa con la ley.