Solo la ley… pero toda la ley

El diplomático y escritor francés René de Chateaubriand dijo que “la justicia es el pan del pueblo; siempre está hambriento de ella”. La sociedad está hambrienta de justicia. No por una ansiedad desmedida, sino por contemplar con estupor cómo determinados individuos, o estos amparados en distintas instituciones, se saltan la ley de forma impune, sin que sobre ellos recaiga el peso, todo el peso, que nuestro ordenamiento jurídico otorga a dicha ley.

Nos hemos encontrado con una situación atípica, chocante, quizá producto de cierta ceguera histórica durante la Transición, donde los ‘padres de la Constitución’ y el legislador olvidaron lo insaciables que han sido los nacionalismos periféricos. Supuso la inexistencia de regulación específica sobre los mecanismos a los que podía acudir el Tribunal Constitucional (TC) para el cumplimiento de sus sentencias. Dicho de otra forma, el Constitucional derogaba leyes contrarias a nuestro ordenamiento jurídico. Normalmente dictadas por instituciones dominadas por los nacionalistas, pero en caso de que estas últimas desobedecieran, el propio Constitucional no disponía de mecanismos legales para obligar a su cumplimiento. Mencionemos casos como i) El Incumplimiento por innumerables Ayuntamientos de la ‘Ley de Banderas’, ii) La inconstitucionalidad de la Ley 3/1993 del Estatuto del Consumidor de Cataluña donde se multaba, y se sigue multando, a aquellos establecimientos que rotularan en castellano y iii) La incapacidad del TC para paralizar la patochada de referéndum catalán del 9-N, que finalmente se llevó a cabo, a pesar de que aquél, por providencia firme e irrecurrible, había suspendido todas las actuaciones encaminadas a la celebración de dicha consulta.

Casos donde el mandato imperativo del TC quedaba en papel mojado. Se carecía de medio legal para hacer cumplir su mandato en caso de desobediencia. En octubre de 2015 se puso fin a semejante dislate. Con la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para la ejecución de las resoluciones del TC en caso de incumplimiento se garantiza, casi 40 años después de ser aprobado el Texto Constitucional, nuestro Estado de Derecho. Casi 40 años después hubo que hacer una ley para que la ley se cumpliera. Se da potestad al TC para imponer multas a las autoridades, empleados públicos o particulares que incumplan sus fallos e incluso permite suspenderles de sus funciones durante el tiempo necesario para el cumplimiento de sus resoluciones.

Hasta entonces, el Gobierno no disponía de mecanismo legal para hacer cumplir la ley pero dicha reforma supuso garantizar, bajo el imperio de la ley, que esta se cumpla por todos. El pasado 14 de diciembre, el Pleno del Tribunal Constitucional acordó tramitar la petición del Gobierno para que se anule la resolución del Parlamento catalán que aprobó la celebración de un referéndum por la independencia en 2017, acordando la suspensión cautelar de los apartados recurridos, suspensión automática cuando así lo solicita el Gobierno. Dando cumplimiento a la ley, se notifica personalmente la suspensión a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, así como a los demás miembros de la Mesa, al secretario general del Parlamento de Cataluña, así como al presidente y demás miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat, apercibiéndoles de que en caso de no “impedir o paralizar» cualquier iniciativa que ignore la suspensión acordada, incurrirán en «(…) responsabilidades, incluida la penal, (…)». Ya no existen escusas. Si bien es cierto que en muchas ocasiones más vale que se cumplan las leyes a tener que crear leyes nuevas que se incumplan, la reforma de la LOTC era necesaria para hacer cumplir la ley. El hacer cumplir la ley no solo fortalece a un Estado, sino que educa a todos los ciudadanos y a sus instituciones. Un Estado que por miedos y complejos no hace cumplir la ley con todo rigor no puede ser denominado Estado de Derecho. Obligar a cumplir la ley es un mandato imperativo de todos los ciudadanos hacia aquellos que son responsables de su cumplimiento. No caben pactos, tratos ni capitulaciones. El miedo y el mal entendido “buenismo” tienen como consecuencia la debilidad de unos y bravuconadas fanfarronas de otros. No perdamos más tiempo. Que se cumpla solo la ley… pero toda la ley.