Siempre nos quedará la Justicia estadounidense

La acumulación de pruebas es abrumadora. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio ha pedido ayuda a EEUU para proseguir su investigación sobre el robo masivo de fondos públicos que ha sufrido el pueblo venezolano a manos de la narcodictadura chavista. El presidente del citado Tribunal, Miguel Ángel Martín Tortabú, de nuevo señala de forma directa a Pablo Iglesias y a Juan Carlos Monedero como receptores de 7,16 millones de euros para implantar el populismo de extrema izquierda en España. Una operación que hemos de enmarcar dentro de un contexto más amplio; nos referimos al Foro Sao Paulo, creado en 1994 por Hugo Chávez, Fidel Castro y Lula da Silva con el objetivo de exportar su ideología a Europa y América.

La financiación ilegal de un partido político por parte de un país extranjero es un delito severamente penado por nuestra legislación. Lo sorprendente del caso es que con tal acumulación de indicios ningún juez español haya iniciado aún trámites de investigación. En este sentido, la laxitud de nuestra judicatura y Fiscalía ante Podemos contrasta con la presteza del Gobierno norteamericano, donde la DEA –su agencia antidroga– ya está tomando cartas en lo que a la dictadura de Nicolás Maduro se refiere, y en breve comenzará a realizar lo propio con respecto a los hechos señalados por  Martín Tortabú.

La financiación ilegal de Podemos por el chavismo va ahora un paso más allá. La cuestión, a día de hoy, ya no consiste en probar dicho vínculo, sino en valorar sus posibles implicaciones penales. No hablamos de herencias caídas del cielo ni de créditos bancarios concedidos por una humilde caja de ahorros; hablamos de un dinero que procede de uno de los regímenes más corruptos del planeta; de una dictadura que está implicada en el narcotráfico internacional a gran escala –de ahí la investigación de la DEA– y que ha expoliado a su propio pueblo de forma sistemática merced a unos niveles de corrupción difíciles de imaginar.

Los poderes de la destrucción han realizado su trabajo a fondo en Venezuela. El 25% de la población necesita ayuda humanitaria urgente según reconoce la ONU, y desde 2015 el 10% de su habitantes ha emigrado por culpa del hambre, la implosión de la economía y la violencia callejera. Por tanto, no sólo es financiación ilegal, sino que también es un dinero manchado de sangre, y Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero son conscientes de su  procedencia.