Sánchez y Díaz pugnan por ver quién va más lejos en su ataque a la prensa

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha sacado de la manga una ley que modificará el derecho de rectificación, al obligar a los «usuarios de gran relevancia» en redes sociales que tengan más de 100.000 seguidores a rectificar los bulos, si bien no ha explicado quién, cómo y en qué circunstancias determinará qué es una noticia falsa. Es un primer paso para, a partir de ahí, ir desplegando su mordaza entre todos los medios que no le bailan el agua.

Lo curioso es que el Gobierno que más bulos ha propagado -y lo que queda- se erige en azote contra la desinformación. En el seno del Ejecutivo, socialistas y comunistas pugnan por ver quién llega más lejos aplicando la censura. Sánchez amaga y enseña la patita, mientras que Yolanda Díaz quiere ir mucho más lejos, que ya se sabe que cuanto más a la izquierda más totalitarios. A Sumar lo de la reforma del derecho de rectificación le parece poca cosa, porque a los comunistas les va la censura pura y dura, nada de pellizquitos de monja. De modo que ha animado al PSOE a imponer «sanciones elevadas» también a la prensa que difunda lo que el Ejecutivo considere que son bulos.

En el fondo lo que pretenden unos y otros es sustituir a los jueces, que son -como no puede ser de otra manera- quienes determinan si un medio de comunicación merece el reproche penal. Por supuesto que los medios no están por encima de la ley, pero la ley la interpretan los jueces que obran en consecuencia y no el Gobierno. Sánchez y Díaz lo que buscan es que sea un órgano administrativo (o sea, dependiente del Ejecutivo) quien decida lo que es un bulo. Y eso tiene un nombre: censura, aunque se revista de eufemismos del tipo «batalla contra la desinformación». PSOE y Sumar, socialistas y comunistas, compitiendo por ver quién cercena más la libertad de prensa. Apasionante.