Para retraso, y mortal, el de la Confederación del Júcar

La investigación judicial en torno a la tragedia de la DANA está sirviendo para que, poco a poco, vayan quedando en evidencia muchas de las mentiras del Gobierno, empeñado en criminalizar al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, pese a que resulta evidente que el papel desempeñado por la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Ejecutivo de Pedro Sánchez, estuvo plagado de irregularidades. Un informe oficial del Ministerio para la Transición Ecológica reconoce que la Confederación alertó de la crecida del Barranco del Poyo una hora después de la DANA que causó más de 200 muertos.

O sea, que si a Mazón se le reprocha que actuó con retraso, la demora del organismo dependiente del Gobierno tuvo consecuencias mortales. El documento está firmado por el presidente de la Confederación y ex concejal del PSOE Miguel Polo y ha sido entregado a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, que ha abierto diligencias sobre lo ocurrido con la DANA.

El sumario de la DANA recoge la información aportada por el Ministerio de Transición Ecológica, que admite que sólo contaba con un punto de control en el Barranco del Poyo y que dicho punto no puede controlar el caudal y las lluvias que se sucedieron la noche de la DANA. Asimismo se admite que no hubo llamadas de alerta al Gobierno valenciano, sino que se fueron suministrando datos sobre el incremento del caudal y que no fue hasta las 18:43 cuando se envió un correo electrónico al Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) advirtiendo de que la subida estaba siendo «muy rápida». Y tanto, porque a esa hora el Barranco del Poyo ya se había desbordado e inundado poblaciones enteras. Parece evidente que puestos a medir la gravedad de los retrasos, el de la Confederación del Júcar fue mortal. Ni una simple llamada, un mero correo electrónico cuando Valencia ya estaba -literal- con el agua al cuello.