¿Por qué un madrileño o un asturiano valen para Sánchez menos que un catalán?

Otra cesión de Pedro Sánchez para salvar in extremis los decretos ley que provocaron el rechazo de Junts se traduce en que el Estado cubrirá la totalidad del coste de la gratuidad del transporte en Cataluña, mientras que el resto de comunidades tendrá que correr con al menos el 20% del coste de la medida. Resulta sencillamente insoportable que el Gobierno socialcomunista lamine ya no sólo la igualdad entre españoles con la Ley de Amnistía, sino que ahora establezca diferencias que afectan directamente a una materia tan básica como la igualdad entre territorios, lo que por extensión se traduce en que para Pedro Sánchez un madrileño o un asturiano (por elegir una comunidad donde gobierna el PP y otra donde gobierna el PSOE) valen menos que un ciudadano de Cataluña.

Las comunidades están obligadas por ley a cubrir parte del coste que para el Estado supone la prolongación de la gratuidad del transporte público. Todas aportan un porcentaje, menos, a partir de ahora, Cataluña, lo que se traduce en una discriminación ignominiosa que Pedro Sánchez tendrá que explicar. Estremece pensar en el coste que para la democracia española tendrán los pagos de Sánchez, con dinero público, al separatismo. Esto ya pasa de castaño a oscuro: está en juego la propia esencia del Estado de Derecho, porque se está llevando a cabo una demolición acelerada del artículo 14 de la Constitución: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».

Que el lector saque sus propias conclusiones, pero parece evidente que con Pedro Sánchez ese artículo -un derecho fundamental- tiene visos de convertirse en papel mojado. Igual que el 138. «El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español».  Y aún más: las diferencias entre los Estatutos de las distintas comunidades no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales. ¿Beneficiar a un territorio en concreto en detrimento de otros no implica un privilegio, Pedro Sánchez?