¿Por qué España aceptó derogar la doctrina Parot?

La Doctrina Parot, en esencia, consistía en que un preso sólo podría obtener beneficios penitenciarios sobre cada una de las condenas que le habían sido impuestas, empezando por las de mayor gravedad y prosiguiendo de una en una. Así quedaba garantizado que el etarra, cuando le habían impuesto varias condenas a tenor de la gravedad de sus crímenes, estaría en prisión un mínimo de 30 años. En la práctica equivalía a una cadena perpetua cuando aún no existía la prisión permanente revisable.

En la corte de Estrasburgo que derogó 2013 esta doctrina  establecida por el Supremo se sentaba un magistrado español, Luis López Guerra, de reconocida afinidad socialista, que maniobró todo lo que pudo para que finalmente el alto tribunal aboliese dicha jurisprudencia. No sucedió por casualidad, sino dentro de la inercia política de negociación con ETA iniciada por el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero. El precio puesto a cambio de dejar las armas era el desmantelamiento de la arquitectura legal con la que los terroristas estaban siendo derrotados. La alternativa –un final duro contra ETA– probablemente hubiese significado más muertos. Hubo gente que pensó que era un precio razonable. Aquella negociación fue una de las muchas herencias envenenadas a las que el posterior ejecutivo del Partido Popular tuvo que hacer frente.

Pero una cosa es la percepción política de un hecho; y otra, la estrictamente humana. La puesta en libertad el próximo 18 de agosto de Rafael Caride Simón, el etarra que asesinó a 21 inocentes en el atentado de Hipercor, hace que por su sentencia en España –fue extraditado a nuestro país tras permanecer siete años en cárceles francesas– pague menos de un año por asesinato. Caride es un etarra arrepentido, que ha cumplido con todos los requisitos para acogerse a la vía Nanclares. Incluso se ha reunido con familiares de las víctimas de sus atentados. En cualquier caso, cumplir menos de un año por muerto, más que una condena, parece un chiste siniestro.