Que elijan los padres, no los golpistas

La nueva Ley de Educación ha de garantizar el derecho de los padres a elegir la lengua en la que quieren educar a sus hijos. Al margen de cuestiones más técnicas como la financiación, este asunto debe ser capital por tratarse de algo tan sensible como la formación de las futuras generaciones de ciudadanos. Así se evitarán casos de sectarismo como los que padecen en Cataluña, donde hay profesores que se niegan a dar clases en español amparados por la permisividad institucional. Los independentistas saben que si controlan la educación, imponen la lengua. La herramienta más potente para adoctrinar desde la cuna. El modo óptimo, a la par que perverso, de instalar el pensamiento único en una determinada comunidad de individuos.

Pura ingeniería social destinada a manipular a los catalanes, que es lo mismo que manipular Cataluña. Por eso, el Ejecutivo tiene que prestar suma atención a este particular. Especialmente si tenemos en cuenta el contexto de incertidumbre política que vivimos desde el golpe de Estado independentista. Como hemos podido comprobar en numerosas ocasiones —la última con los cinco bebés en medio de una autopista para reclamar la libertad de los Jordis— las personas en formación son su objetivo prioritario. Con una mentalidad autoritaria y censora que los emparenta con el modus operandi de las dictaduras más rancias, los golpistas han hecho de las aulas auténticos lavaderos de cerebros. Dice el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, que la nueva norma será «flexible» y tendrá en cuenta las «singularidades» de las comunidades autónomas.

La apreciación es oportuna, además de necesaria, si tenemos en cuenta que dicha ley requiere de un acuerdo mayoritario que aúne el criterio de los expertos consultados y las distintas sensibilidades políticas. Sin embargo, esas «singularidades» tienen que ser revisadas y vigiladas por constantes inspecciones. No puede ocurrir bajo ningún concepto que estudiar en español sea motivo de marginación social, política y educativa según la región. Del mismo modo que no se puede permitir que unos determinados profesionales se opongan a hacer su trabajo en español. Nadie niega el derecho —enriquecedor además— de que se pueda elegir en una comunidad autónoma donde haya más de una lengua oficial. No obstante, la elección final siempre ha de ser de los progenitores y no una imposición institucional destinada a contribuir a un plan de adoctrinamiento perfectamente orquestado.