El principio del fin para los golpistas

Ada Colau no tiene otra opción que atenerse a la legalidad. Por mucho que trate de ganar tiempo poniéndose de perfil —pide garantías a Puigdemont— las instituciones del Estado han dejado claro que, de la ley a la ley a través de la ley, la deriva independentista ha llegado a su fin. El Gobierno había esperado con sosiego hasta ahora a pesar de las continuas provocaciones de los secesionistas. No obstante, ha dicho basta después de que el Parlament haya aprobado la Ley de Transitoriedad. Ante esa norma ilegal dictada por los golpistas, el Ejecutivo no dará tregua a los que quieren romper España, tampoco a los que colaboren con ellos. Dada la determinación, Colau debería abandonar la ambigüedad y confirmar de manera oficial que los locales del Ayuntamiento de Barcelona no estarán disponibles para el referéndum ilegal del próximo 1 de octubre. La alcaldesa no tiene más opciones después de las palabras de Mariano Rajoy: «La democracia responderá con firmeza, aplomo y dignidad».

La primera edil sabe que si da su consentimiento está yendo de frente contra el Tribunal Constitucional. Por mucho que desee colaborar, no tiene más remedio que atenerse a las leyes… o afrontar las consecuencias. Sin Barcelona en el referéndum, el castillo de naipes de los independentistas caerá sin remisión. La capital de Cataluña es el escaparate internacional, la urbe más poblada y extensa de la región. Tener los colegios cerrados es tener cerrado también cualquier atisbo de legitimidad, por muy inexistente que ésta sea de por sí dado el marcado cariz de ilegalidad que tiene la cita. Puigdemont y sus adláteres ya saben que tampoco podrán contar con Hospitalet de Llobregat. La segunda ciudad de Cataluña con más de 250.000 habitantes ha dicho «no» a través de su alcaldesa, la socialista Núria Marín.

Una negativa que llega después de que el Constitucional haya suspendido cautelarmente la ley del referéndum y los decretos de convocatoria y normas para su celebración. Las instituciones no dan tregua para garantizar el Estado de Derecho. La Fiscalía ha presentado querellas contra Puigdemont y contra los miembros de su ejecutivo. Además, ha ordenado a los Mossos, la Guardia Civil y la Policía Nacional que impidan el referéndum del 1 de octubre. Hacienda, por su parte, le ha pedido a la Generalitat que explique cómo ha financiado el vídeo y la web de la consulta ilegal. En definitiva, medidas y acciones para que prevalezca la democracia ante la locura de unos políticos totalitarios que quieren secuestrar la libertad en Cataluña. Barcelona no debe participar. Colau lo sabe, por eso aún no ha dicho «sí»… y difícilmente lo dirá.