Opinión

Preso porque sí

Resulta cuanto menos extraña la arbitrariedad en el trato que Francisco Granados recibe por parte del juez Eloy Velasco. La última prueba la hemos tenido este mismo miércoles. Lo que iba a ser la declaración del año se ha quedado en sólo dos horas y media de intervención con constantes limitaciones por parte del magistrado. Raro si tenemos en cuenta que Marjaliza, acusado también en la trama ‘Púnica’, declaró durante más de 13 horas. Este agravio comparativo afecta de manera cuantitativa y cualitativa al derecho de defensa del ex consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid. Especialmente ahora que tenía la intención de desmontar la versión de su exsocio a base de una declaración prolija en detalles y pruebas documentales. Un imposible dada la voluntad de concisión que de manera muy llamativa ha mostrado Eloy Velasco.

Se supone que un juez debería estar ávido por recibir el mayor número de detalles posibles para así esclarecer un determinado asunto cuanto antes. Sobre todo si, como en el caso de Granados, el acusado lleva dos años en prisión preventiva. Tras este tiempo —pasará sus terceras Navidades lejos de casa— se ha convertido en el preso preventivo más antiguo de la cárcel de Estremera. Una situación que se hace del todo insostenible, ya que no es normal que un recluso esté privado tanto tiempo de libertad sin saber muy bien de qué se le acusa y sin el dictamen definitivo de un juicio. De ahí que aún llame más la atención que Eloy Velasco no haya permitido una declaración más extensa. Cabe recordar que el juez siempre se ha referido con extrema dureza a Granados, recurriendo incluso a la subjetividad de los adjetivos para explicar los motivos por los que se le privaba de libertad.

Francisco Granados, como cualquier otra persona en un Estado de Derecho, tendrá que cumplir con sus obligaciones ante la justicia en el caso de haber incurrido en algún delito. Sin embargo, ve como se le pasa el tiempo ocupando un inexplicable limbo judicial. Hace tiempo que debería estar en libertad provisional, y no entre rejas, a la espera de una sentencia en firme. Al fin y al cabo, no es una persona que ponga en peligro la paz social —como lo sí lo haría un psicópata, un terrorista o un asesino en serie— y sus opciones de escapar, al tratarse de una persona pública, son prácticamente nulas. Un mes en régimen preventivo hubiera sido lo adecuado. Un aspecto que debería estar legislado para que este tipo de casos no estuvieran supeditados a las decisiones ad libitum de un determinado juez.