El poder del lobo reside en la manada

En las facultades de Derecho es habitual escuchar de los estudiantes que la vocación de defensa encuentra sus límites en algunos supuestos como es el de ejercer la profesión para dar tutela judicial a un violador o un terrorista. Si bien es cierto que todos creemos en la presunción de inocencia y en el derecho a una justicia imparcial, a ser defendidos con todas las garantías, también lo es que un profesional puede negarse a defender determinadas cuestiones. Del ejercicio del Derecho es bastante habitual que un -presunto- violador lo tenga complicado para encontrar un profesional que quiera representarle. Vivimos en una cierta hipocresía, pues sabedores de que se dan determinados abusos, nadie planta cara a las razones y, cuando se desencadenan hechos lamentables, se le suele dar la espalda de manera irresponsable a lo sucedido y en cierto modo consentido por la sociedad en su conjunto.

De las declaraciones del abogado defensor de la presunta víctima de una violación múltiple en los Sanfermines se desprende también ese sentimiento, pues ha comentado que no le gustaría verse en semejante tesitura, esto es, la de defender a alguno de los cinco hombres que están ahora mismo esperando la sentencia donde se determine su culpabilidad ante las gravísimas acusaciones: violación y robo.

La prudencia y el respeto a la justicia obligan a no dar por hecho absolutamente nada hasta que el juez dictamine y haya sentencia firme. Pero opinar sobre lo que sí se conoce de manera objetiva puede ayudarnos a reflexionar y tratar de comprender que este hecho bien necesita un análisis por parte de toda la sociedad. No es sencillo porque los límites morales son subjetivos (sobre todo en determinadas circunstancias y con asuntos como el sexo) y lo que para algunos pueda resultar normal, para otros puede parecer algo escandaloso. La defensa de los acusados reside en plantear que las relaciones sexuales mantenidas (entre los cinco hombres y la mujer) fueron consentidas, y para ello aporta el informe médico donde no se encuentran señales de violencia. No es asunto baladí, pues en este punto es donde radica toda la cuestión. Y juzgar desde lo que a cada uno nos parecería lo normal o algo aberrante resulta una intromisión en ámbitos íntimos que, de haber consentimiento, nadie podría juzgar. Pero según la denunciante, no lo hubo. Y el debate se debe abrir para que se entiendan puntos fundamentales: el consentimiento para mantener relaciones sexuales puede retirarse en cualquier momento; lo que puede empezar siendo algo consentido, puede convertirse en una violación, por lo que todos deberíamos asumir que consentir mantener una relación sexual no es un cheque en blanco.

No ayudan los productos pornográficos consumidos de manera masiva, donde lo habitual es que la mujer se someta a los deseos del hombre, donde su figura quede relegada, humillada, vejada, maltratada para disfrute del consumidor. La falta de educación sexual en nuestro sistema conlleva que la gran mayoría de adolescentes accedan al conocimiento de las relaciones sexuales a través de la pornografía comercial (internet es hoy una ventana abierta donde no se produce ningún tipo de control, pudiendo consumirse material que puede confundir desde la base lo que una relación sexual sana debería ser). No es casualidad que estemos comentando un caso -el de Pamplona- que se asimila excesivamente a otro sucedido anteriormente en Brasil: un grupo de hombres mantiene relaciones sexuales con una mujer mientras se graba en video -y según quienes lo visualizan, las imágenes resultan aberrantes-. Muy similar a la pornografía que se consume de manera masiva.

Tenemos un problema, como sociedad. Cuando cinco hombres entienden que «follarse a una tía entre cinco» es digno de ser grabado (y la intención de difundirlo entre su manada es evidente al leer los mensajes intercambiados con quienes no estuvieron allí) hay que analizar hacia dónde estamos caminando. La justicia determinará la culpabilidad y lo sucedido. Pero la sociedad debería reconsiderar qué tipo de valores estamos promoviendo cuando estos comportamientos proliferan y se amparan en grupos donde nadie alza la voz para ponerlos, al menos, en cuestión. De no abordar esta situación desde la perspectiva justa, corremos el riesgo de volcar sobre la víctima la responsabilidad y la culpa, como ha sucedido recientemente en una lamentable campaña promovida por el Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha, a través de la cual se dan doce consejos a las «chicas» para que vivan en permanente alerta ante lo que parecen ser violadores potenciales -los hombres-. Un error lamentable de una institución pública que, lejos de ahondar en el verdadero foco, responsabiliza a la víctima.

El problema es que el poder del lobo reside en la manda, tal y como podía leerse en la pierna tatuada de uno de los -presuntos- violadores. Y ahí es donde hay que trabajar.