Pérez de los Cobos tanto del PP como del PSOE

En ocasiones es imprescindible recordar lo obvio. Hay que, por eso en esta rabiosa actualidad de ahora mismo, traer a la memoria el caso Faisán. En mayo de 2006 el propietario de este bar, Joseba Elosúa, miembro destacado de la compleja red que cobraba el infame «impuesto revolucionario» que ETA ingenió para chantajear a sus posibles víctimas, recibió una llamada, castizamente un chivatazo, para advertirle de una operación urdida por la Guardia Civil para apresar a varios pistoleros de la banda terrorista ETA. La redada al final se quedó en agua de borraja porque el Gobierno de España, el de Zapatero, ya entonces muy implicado en la negociación con los terroristas, había decidido de antemano que en ese proceso había que evitar represalias (unas detenciones masivas lo eran) que pusieran en peligro el éxito del diseño que debería concluir con la disolución de los facciosos. Así que Zapatero encargó directamente a su ministro del Interior, Pérez Rubalcaba, que destruyera cualquier circunstancia que pudiera afectar al Gobierno. La investigación se llevó en consecuencia «por fuera», se procesó a veinticuatro personas y a partir de ahí, más paz que guerra.

El caso perteneció en principio en la Audiencia Nacional al Juzgado de Baltasar Garzón y él, por oscuras razones nunca explicadas aunque probablemente relacionadas con su afección al programa contemporizador del Gobierno de Zapatero, estuvo casi tres años sin mover un sólo papel en su despacho, sin ocuparse ni por un solo momento del caso. Tanto es así que, fíjense cómo se las gasta la vida, el siguiente magistrado al que le incumbió la investigación fue el entonces reputadísimo y admiradísimo juez Fernando Grande-Marlaska. Éste, a la sazón incorruptible profesional de la Justicia, se puso manos a la obra y cercó al ministro del ramo, Rubalcaba, cuyo jefe técnico, fue el ahora muy mencionado coronel Pérez de los Cobos. Eran el titular de Interior y el responsable de la Guardia Civil uña y carne, y Marlaska llegó a intuir que Rubalcaba había impedido la redada que iba a perpetrar un zurriagazo descomunal a los miserables que extorsionaban con sus cartas amenazantes a empresarios y profesionales vascos y de toda España.

Cuando el PP ganó las elecciones ocupó la controvertida cartera Jorge Fernández Díaz como ministro y como secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Los dos decidieron mantener a Pérez de los Cobos, pero una buena parte del PP se rebeló, hizo saber a Mariano Rajoy, presidente, su incomodidad, presentando al guardia civil como un práctico aliado del PSOE en casos como el citado del Faisán. Una denuncia arbitraria, llámese como se quiera, para retratar la peculiar forma que poseen los socialistas de entender (también de aprovecharse) los tópicos asuntos de Estado. Por lo demás: cuando el Gobierno de Rajoy nombró algún tiempo después a Pérez de los Cobos como responsable de las actuaciones contra los sediciosos de Cataluña en octubre de 2017, este cronista tiene la seguridad de que, desde el Gobierno del PP se informó al PSOE de la designación y no existió el menor reparo al nombramiento. Gobierno y oposición le consideraron el profesional indicado para administrar la suspensión de la Generalidad. Pérez de los Cobos es un alto funcionario del Estado -se dijo- y lo mismo vale para servir a un Gobierno del PP que del PSOE. El era, y es, un probo servidor del Estado.

De aquellos tiempos -le asegura al cronista un antiguo alto mando de la Benemérita- puede venir la constatada enemiga del juez contra el militar. Lo cierto es que, desde el día de su llegada a Interior, el ministro, que todavía lo es contra todas las luces de la razón, se cuestionó muy en serio la continuidad de su subordinado, ya se sabe con qué argumentos. Ahora bien: no es decente, es lisa y llanamente repugnante que, de forma torticera y ambigua, colocara Marlaska sobre el coronel la imputación de ser por lo menos irregular en la gestión de los fondos reservados. Desde luego, si esta velada acusación se hubiera realizado fuera del hemiciclo de las Cortes Generales, el ministro ya tendría ahora mismo sobre su mesa una querella, quizá incluso por calumnias, pero Marlaska -que ha perdido la lucidez democrática, lo que él llama «decencia democrática»- se ha cuidado mucho de verter la especie amparándose en la inviolabilidad del Parlamento. Si se atreve -que no se atreverá- a hacerlo, por ejemplo, en una rueda de prensa, ya sabe perfectamente lo que les espera en los juzgados a los que algún día a lo peor para la Justicia tendrá que volver.

¿Qué artimaña usará a continuación Marlaska para seguir persiguiendo a su víctima, en realidad un auténtico mobbing, para impedir que regrese a su puesto del que fue ilegalmente destituido, según proclama abiertamente la sentencia del Tribunal Supremo? Pues hace pocas horas se especulaba con la posibilidad de achacar al jefe militar un delito de desacato que, de confirmarse, le llevaría hasta perder la carrera, pero esta hipótesis ha sido descartada. Seguro es que Marlaska no quiere, ni por asomo, contemplar de nuevo cómo su antagonista se sienta otra vez en su sillón de privilegio de la Guardia Civil. Y en ello está. No es imposible que al final logre su propósito porque este Gobierno, y, por tanto, su ministro del Interior, el guardabosques de Sánchez, hace mucho tiempo que desprecia con rotundidad las sentencias judiciales que les resultan desfavorables. Una de ellas, o mejor dicho, dos procedentes del Tribunal Constitucional, son singularmente significativas: son las que declararon inconformes a derecho, inconstitucionales, vaya, las dos órdenes de riguroso confinamiento que Sánchez desplegó durante la pandemia. ¿Ha tenido algún efecto perverso para Sánchez esa doble ilegalidad? Ninguno: el presidente sigue ufano presumiendo de su suficiencia jurídica. Lo mismo -lo comprobarán en su día- ocurrirá con Marlaska. Los odios personales del ministro han convertido su gobernación en una ponzoña irrespirable. Ahora se venga de quien, con Rubalcaba a la cabeza, le intentó lidiar cuando, dignamente entonces, él desempeñaba el Juzgado correspondiente de la Audiencia Nacional. No puede existir mayor miseria moral.