Pagar los atrasos a la Policía con el dinero de las multas de tráfico es ilegal, Marlaska

Pese a que el Ministerio de Interior mantiene la tesis de que es absolutamente legal y tiene el visto bueno de Hacienda, lo cierto es que el departamento de Fernando Grande-Marlaska se ha saltado la ley al destinar el importe de lo recaudado en las multas de tráfico al pago de las dietas pendientes a los policías nacionales. Y decimos que se ha saltado la ley porque la disposición adicional cuarta de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial es taxativa: «El importe íntegro de las sanciones se destinará a financiar la seguridad vial, la prevención de accidentes y la ayuda a las víctimas de accidentes».

Los argumentos de Interior no se sostienen, por mucho que se esfuerce en subrayar que lo acontecido es normal. Pues será que se saltan con total normalidad la ley, porque eso de utilizar 19,5 millones de euros del remanente de la tesorería de la Jefatura Central de Tráfico para pagar a los agentes de la Policía Nacional es estéticamente infumable y legalmente más que discutible.

En primer lugar, es impresentable que a los policías se les adeuden dietas que tienen que adelantar de su bolsillo, a veces pidiendo prestado el dinero a amigos y familias, pero la forma de pagarles lo que les deben no puede ser en ningún caso con el importe de lo recaudado a través de las multas de tráfico. Es más, eso lo que hace es fomentar la creencia de que las sanciones de tráfico de la Policía Nacional y la Guardia Civil tienen un objetivo meramente recaudatorio. Lo hecho por Marlaska pone a los pies de los caballos a los agentes que imponen las sanciones, porque ¿cómo no pensar que sus retribuciones dependen en parte del número de multas que sean capaces de tramitar?

Eso de meter la mano en la caja de las multas no es que sea dudosamente legal, es que se presta a la sospecha. Porque si con las multas de tráfico se financia el pago de las dietas de los agentes, ¿de dónde sale el dinero para la seguridad vial, la prevención de accidentes y las ayudas a las víctimas? O sea, ¿cómo se cumple con lo que dicta la ley? ¿Poniendo más multas todavía?