El ‘Open Arms’ no hace ayuda humanitaria sino política de extrema izquierda

Para la extrema izquierda el colegio de tus hijos debe ser público y el Estado ha de inculcarles las normas morales que ellos decidan. Para los ultras de izquierda la sanidad de tus padres debe ser pública y el Estado decidirá las prestaciones a las que tendrán derecho. Ningún socialista duda de que el sistema de pensiones debe ser público y si les dejamos prohibirían los medios de comunicación privados y expropiarían la banca, las eléctricas y el transporte. Pero dentro de esta locura estatista hay un sector que defienden con uñas y dientes que siga en manos privadas: el de la importación hacia Europa de inmigración ilegal masiva. Sorprendentemente la extrema izquierda no reclama que sean los Estados los encargados de rescatar náufragos y proteger nuestras fronteras, debe ser quizá el único sector que no quieren que sea público.

Existen unas mal llamadas organizaciones no gubernamentales, cuya financiación resulta bastante oscura y cuyos dirigentes responden a intereses poco claros, que poseen barcos destinados en exclusiva a realizar una labor de rescate que la normativa europea y española les prohíbe y que debería estar reservada en exclusiva para los Gobiernos. Estos barcos privados se dirigen vacíos a las costas de Libia donde, “casualmente”, se encuentran con chalupas que han sido llevadas hasta allí por las mafias que se dedican profesionalmente al tráfico de seres humanos y que han cobrado miles de euros a los “náufragos” que ocupan unas embarcaciones con las que no tienen ni la más mínima probabilidad de alcanzar la costa y que apenas sirven para que algunos de ellos puedan sobrevivir en el mar hasta que, “por casualidad”, llega el barco privado de rescate que termina el transporte hasta Europa, sin importar que existan puertos no europeos muchísimo más cercanos.

El pasado 27 de junio el Gobierno español advirtió al ‘Open Arms’ mediante una carta remitida al capitán del barco por el director general de la Marina Mercante –organismo dependiente del Ministerio de Fomento-, de que si retomaba los rescates de inmigrantes que están a la deriva en el mar Mediterráneo lo iba a sancionar con multas que podrían llegar hasta 901.000 euros. También lo avisó de que ordenaría su regreso a puerto español «para hacer efectiva» su paralización, en el caso de que volviera a acometer operaciones de búsqueda y salvamento sin autorización. En dicha carta el Gobierno le recuerda que, como todo barco, tiene la obligación de proporcionar ayuda humanitaria en caso de encontrarse con un naufragio, pero que no tiene autorización para realizar búsquedas activas en la zona SAR de salvamento y rescate del Mediterráneo central, tarea encomendada a los Gobiernos de la zona.

¿Es posible que esta amenaza de sanciones esté detrás de la oposición del ‘Open Arms’ para venir a España, pese a los continuos tuits con los que Pedro Sánchez le ofrece los puertos españoles desde su palacio vacacional de Doñana? Es posible. Aunque quizá también influya en la decisión de la oenegé de extrema izquierda el que, anclado en la costa de Lampedusa, es noticia de portada diaria en toda Europa consiguiendo popularidad para su dueño, Òscar Camps, al tiempo que desafía al Gobierno de Italia atacando públicamente a su ministro del Interior, Matteo Salvini, quien se niega a permitirles desembarcar en su territorio. Probablemente si la derecha gobernase en España el barco hubiese puesto rumbo a nuestros puertos en vez de a los italianos. En cualquier caso no se trata de salvar vidas humanas, los inmigrantes son utilizados como rehenes para hacer política de extrema izquierda.