La obsesión enfermiza con la reforma laboral

El activismo se caracteriza por una determinación feroz y una propaganda sin desmayo. Estas son las virtudes que adornan a Podemos, el socio de Sánchez en el Gobierno, y las está empleando a fondo con motivo de la derogación de la reforma laboral, caballo de batalla al que dio pie el presidente cuando firmó el pacto de coalición que lo mantiene en el poder sin calibrar las consecuencias en un escenario insólito alterado por la pandemia, la crisis económica correspondiente y luego las ayudas condicionadas de la Unión Europea.

En aquellos momentos de euforia con la Moncloa a su alcance, Sánchez -cuyo interés por la economía equivale a cero- no reparó en que la reforma laboral del PP fue una de las exigencias que impuso Bruselas a Rajoy en 2012 a cambio de proporcionarle los fondos necesarios para sanear el sistema financiero: 100.000 millones de los que al final su usaron casi 60.000. Esto no figuró nunca por escrito, pero fue una sugerencia lo más parecido a una orden. Y la razón de por qué fue así es que la Comisión Europea conoce desde hace tiempo con desolación que nuestro país lleva décadas arrastrando tasas escandalosas de paro. Más que cualquier otro de la Unión.

Es alarmante que tengamos un índice de desempleo juvenil cercano al 40% y que los empresarios no encuentren la manera de cubrir en estos momentos 300.000 puestos de trabajo. Cuando suceden estos desarreglos colosales en un país civilizado es porque las instituciones que ordenan el mercado laboral no funcionan. No hay ninguna otra clase de explicación. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha recomendado a los empresarios que la solución a la falta de mano obra es que los jefes suban los salarios y que mejoren las condiciones laborales, digamos que la empatía. Esto suena bien a simple vista, pero el mercado no funciona de este modo.

Los empresarios retribuyen a sus empleados en relación con el valor añadido que potencialmente van a aportar a la compañía, descontados los impuestos y las cotizaciones sociales correspondientes, y además tropiezan con la competencia desleal del Estado, que paga más a los funcionarios por puestos de trabajo fijos e inamovibles donde no se mide la productividad, ha elevado el salario mínimo por encima de lo que en algunos sectores resultaría apropiado para asegurar la viabilidad de los negocios y además ofrece un esquema generoso de subvenciones a los parados que bloquea de hecho su incorporación a la economía legal fomentando la sumergida.

La enfermedad endémica del sistema laboral español es responsabilidad principal del Partido Socialista, que es el que más tiempo ha gobernado el país desde la instauración de la democracia. En los años noventa, todavía con González en la Moncloa, se instaló entre la opinión pública la idea equivocada de que el PSOE se había desviado de sus raíces y que había emprendido políticas liberales. Pero esto no fue cierto en absoluto. La política de González en lo que se refiere al mercado laboral consistió en mantener las rigideces normativas del pasado y fomentar el poder omnímodo de los sindicatos, que con la ayuda de la vicepresidenta Díaz están dispuestos a recuperar a toda costa. Esto que digo fue mucho más evidente después del éxito de la huelga general de 1988, que fue objetivamente perniciosa para el progreso de la nación, y a la que González reaccionó de manera apocada y letal.

El PSOE fue el que se inventó los contratos temporales, con Joaquín Almunia como ministro de Trabajo. Era la única respuesta posible para desatascar el mercado y oxigenar a las empresas conservando al mismo tiempo la dictadura sindical, pero abocando a que cualquier ajuste desembocara en pérdidas cuantiosas de empleo que podrían haberse evitado con reducciones salariales o cambios en las condiciones laborales a fin de salvar las compañías con la menor pérdida de mano de obra posible.

Si hay tanto paro en España desde tiempo inmemorial es porque el coste del despido sigue siendo elevado, porque el sistema educativo -también responsabilidad de los socialistas- es inadecuado de cara a la empleabilidad, y porque el modelo fiscal apenas estimula el emprendimiento y el mundo de los negocios. En 2012 y como consecuencia del rescate al sector financiero, el PP de Rajoy aprobó una reforma laboral que estableció la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial, que restó facultades a la negociación colectiva y que por tanto reprimió ligeramente el poder secular de los sindicatos, que la experiencia y las causas legales pendientes enseñan que ha degenerado con frecuencia en comportamientos turbios y luego en asuntos políticos de su poca incumbencia como apoyar la liberación de los presos etarras -como sucedió el pasado domingo en el País Vasco-. Es decir, que se dedican a cualquier menester menos al que deberían honrar: contribuir a la mayor creación de empleo posible.

En los tiempos que corren, con una inflación desbocada, que puede llegar en diciembre al 5% en términos interanuales por el aumento de los precios de la energía, de las materias primas, del transporte y por un colapso de las cadenas de suministro, lo más conveniente sería conservar la reforma laboral del PP, que tampoco fue para tanto, pero que ayudó a crear tres millones de empleos de la época. Sobre todo conservarla porque fue una imposición de la Unión Europea, que sigue muy interesada en que no se corrompa, como ha indicado el comisario Paolo Gentiloni, el representante de los hombres de negro, en la visita de esta semana a España, que ha sido providencial para la vicepresidente Nadia Calviño -que es la que pelea con Díaz para que los eventuales fondos de Bruselas lleguen a buen puerto- pero que habrá comprobado con estupefacción el espectáculo de un Gobierno descoyuntado sin claridad de ideas.

En estos momentos inciertos, las empresas necesitan más flexibilidad que nunca, requieren políticas que faciliten el funcionamiento de las compañías, precisan de un alivio en la regulación que impide su capacidad operativa. Las pretensiones de Yolanda Díaz y de los sindicatos son las contrarias. Suprimir las posibilidades de contratación temporal, limitar la posibilidad y el alivio que para muchas empresas suponen las subcontratas o reforzar la negociación colectiva es el camino más directo para la destrucción masiva de empleo en cuanto el ciclo económico se dé la vuelta, y hay cada vez mayores alertas de que esto puede suceder más pronto que tarde.

¿Por qué motivo no se deja al empresario y al empleado establecer libremente las condiciones de trabajo? Al contrario de lo que pretende Podemos, hay que caminar hacia un sistema que permita que el contrato de trabajo entre la empresa y el empleado pueda regular todos los aspectos de su relación laboral excepto aquellos que tengan que ver con sus derechos fundamentales. Hay que decapitar la negociación colectiva y fortalecer la prevalencia del convenio de empresa. Por una razón evidente. Porque es sencillamente deshonesto que incluso cuando la economía pueda crecer por ejemplo este año en torno al 5%, la tasa de paro no baje del 14%.

La derogación de la reforma laboral, considerada como un ‘casus belli’ por parte de Podemos y su insigne representante la vicepresidenta Yolanda Díaz, ha hecho aflorar la contradicción más notable de este gobierno dirigido por un socialista radical acompañado por comunistas, que es una situación insólita en Europa, y de cuyas discrepancias supongo que toman buena cuenta allí por mediación de Gentiloni. El problema es que nos jugamos mucho dinero en esta apuesta disparatada, que afrontamos una cuestión de supervivencia en la que, a estas alturas, parece imposible conciliar la estabilidad del Ejecutivo con la recepción de las ayudas prometidas que Sánchez espera como un salvavidas para su reelección. Sánchez es un pistolero, ¡cierto!, por eso no creo que esté dispuesto a arriesgar su pellejo.