Opinión

Menos autonomías, más pensiones

No es menester gozar del coeficiente intelectual de Albert Einstein, Steve Jobs o Marie Curie para colegir quién anda detrás del nada espontáneo movimiento de pensionistas que ha brotado como de la nada de 10 días y 10 noches a esta parte. Cuatro indicios nos permiten adivinar por dónde van los tiros. El primero es que, de repente, los enmudecidos, demudados y demodés podemitas empezaron a cobrar un protagonismo que habían perdido por lo coñazos e incompetentes que son y porque Irene/Irena y Pablo/Pabla les habían pegado la patada a la hora de salir en toda suerte de medios, radiotaxi incluida. Los subalternos de la feliz parejita no existían y resucitaron. El segundo son las declaraciones de los portavoces de la Comisión en Defensa de las Pensiones, que actúan en el fondo y en las formas como clones del coletudo que se autodefine como el más masculino de los hombres y el más femenino de las mujeres (Dios santo, qué tío más cursi). El tercero es el grito de guerra preferido en las concentraciones: “¡Sí se puede!”. “¡Sí se puede!” por aquí, “¡sí se puede!” por allá, “¡sí se puede!” por acullá, “¡sí se puede!” para desayunar, comer y cenar. El cuarto en un orden de los factores que no altera el producto es la identidad de los gerifaltes de este nuevo 15-M: dos pertenecen a las podemitas Mareas, uno forma parte del Frente Cívico de ese Julio Anguita que fue el más fiel aliado del Aznar en la oposición y el cuarto es uno de los barandas de los Yayoflautas. Blanco y en botella.

Lo más hilarante de todo es que ahora se acuerdan de nuestros mayores quienes hace no tanto, vía twitter, deseaban implícita o explícitamente la muerte de los pensionistas. Un tan activo como malnacido tuitero podemita lo pudo decir más alto pero no más claro: “Para que no gane el PP, sólo queda esperar a que pasen 20 años y se mueran los viejos de este país”. Pablo/a Iglesias se sinceró en una entrevista en el canal financiado con la sangre de los demócratas iraníes: “Lo de los abuelos nos desespera”. La demóscopa Carolina B€scansa tampoco se anduvo por las ramas a la hora de exhibir públicamente su gerontofobia. “Si en España sólo votase la gente menor de 45 años, Iglesias ya sería presidente del Gobierno”, fue la perla que soltó quedándose más ancha que pancha.

Lo cierto es que el 26 de junio de 2016 cuatro de cada 10 votos de nuestros pensionistas fueron a parar al Partido Popular. A la formación financiada en sus orígenes por la satrapía de Maduro y la teocracia de Jamenei sólo la quiere ver en La Moncloa el 3% de quienes han levantado este país en condiciones mucho más duras de las que vivimos hoy día, para empezar, la posguerra. Con tan indudable habilidad como innegable maldad, Podemos considera ahora personas en situación de emergencia social dignas de ayuda a quienes hace no tanto, 18 meses, deseaba la parca y responsabilizaba de su gatillazo a la hora de asaltar los cielos y de la magnífica suerte que el destino deparó al malo-malísimo de Mariano Rajoy.

Para variar, el PP estaba en esta ocasión en Belén con los pastores. El movimiento de los pensionistas manejados por Podemos no lo vaticinó nadie en Génova 13 ni en Moncloa. Obsesionados como están con Ciudadanos, se dedicaban 24/7 a analizar cómo hacer frente al partido más fresco y más limpio de España cuando de la noche a la mañana se montó el lío padre. Un cristo al que contribuyeron, de nuevo para variar, esos medios de comunicación que entran con orgásmica pasión a cualquier ocurrencia podemita. Esas teles, radios y periódicos que perdonan la vida a diario a Pablo/a e Irene/a mientras acostumbran a presentar como si fuera un remake del Watergate que tumbó a Richard Nixon cualquier corruptelilla del PP en el último pueblo de España.

Rajoy tiene un problema. Un marrón setenta veces siete mayor que ese proyecto alegre llamado Ciudadanos, al que el sabio Arriola puede dar la vuelta si tiene una de sus mejores tardes. Que no olvide el presidente del Gobierno que de los polvos del 15-M vinieron los polvos del castañazo que se pegó Rubalcaba el 20-N de 2011, con la abrupta salida del PSOE del Gobierno, y nació el partido más peligroso de nuestra democracia excepción hecha de esa Batasuna renominada como Bildu. Pues eso, cuidadín. Cuidadín porque un levantamiento popular que afecta a 8,5 millones de almas no es ninguna broma, máxime cuando lo manipula a su antojo un partido que cae en gracia a unos medios que olvidan sistemáticamente que si llegan al poder los chaparán como buenos bolivarianos que son.

Tanto más cierto es que si pasamos las quejas de nuestros mayores por el tamiz de la sensatez, el realismo y la justicia, llegamos a una incontestable conclusión: tienen razón. La subida del 0,25% de las pensiones era lo que tocaba en un momento en el que estábamos en situación de práctica suspensión de pagos, con nuestra banca rescatada y la prima de riesgo por encima de 600. Es más, durante cuatro años esa subida nominal representó un alza bastante por encima de la de un IPC que arrostraba crecimientos negativos. La extraordinaria marcha de nuestra economía, con estiramientos anuales del PIB superiores al 3%, implican inevitablemente un crecimiento casi igual de extraordinario del coste de la vida. Está todo inventado: a más demanda, más se encarecen los precios.

El mileurismo es una costumbre nauseabunda, entre otras razones, porque con esa cifra uno puede vivir razonablemente si está solo pero no si lo hace en pareja y no digamos ya si hay prole de por medio. Los salarios más bajos, por tanto, deben subir. Es cuestión de que los empresarios se conciencien. Cuando un empresario gana, ha de ser generoso. Tres cuartos de lo mismo opino de las pensiones. En la vida hay que preocuparse cuando el de enfrente te ataca con algo que es verdad, no cuando se opone con argumentos demagógicos a la par que falaces. Y que el 0,25% es una injusticia supina en términos morales y de justicia social lo sabe hasta Rajoy.

Incrementar las pensiones el IPC supondría añadirle al archiconocido 0,25% la diferencia que hay entre esa cifra y el 1,1% que se dispararon los precios en 2017. Un total de 0,85 puntos que en números redondos vienen a ser 1.000 millones largos de euros. O, lo que es lo mismo, 0,85 décimas de ese déficit que nos obliga permanentemente a hacer el triple salto mortal por culpa de la apóstol de la austeridad ajena, Angela Merkel. La gran pregunta es de dónde sacarlos. Muy sencillito: basta (y sobra) con reducir el elefantiásico tamaño de nuestra administración periférica, la gran chapuza de la Transición, que consistió en fabricar gobiernos regionales con estructuras de Estado. Un disparate como otro cualquiera.

Como quiera que el dinero es finito, por mucho que le des a la máquina de fabricar billetes, lo normal es redistribuir las partidas presupuestarias. Como cada uno de nosotros en nuestra casa: quitar de un lado para ponerlo en otro. Lo que toda la vida de Dios se ha llamado establecer prioridades. ¿Saben ustedes cuánto se gasta en esas TV autonómicas que, en el fondo y en la superficie, son máquinas de propaganda al servicio del gobernante de turno con el dinero del contribuyente? Ni más ni menos que 1.100 millones. Es decir, que clausurando esos canales se conseguiría el parné necesario para que nuestros mayores no anden por ahí lampando. Más ideas para abonar la factura: confisquemos los 750 millones que volaron a consecuencia de ese saqueo superlativo que fueron los ERE. O los 3.000 robados por los bestias de los Pujol. No haría siquiera falta echar el cierre a TV3 (307 millones anuales) y cía y, encima, nos sobrarían 2.000 kilos para adecentar colegios, hospitales o carreteras.

Otra fórmula: ¿por qué no suprimimos a la mitad los 39.000 coches oficiales que hay en España con un coste de 48.000 por vehículo y año? ¿O por qué no impedimos el dislate que supone que la Junta de Andalucía tenga más parque móvil que el Gobierno de los Estados Unidos [sí, el de Trump]? Tampoco estaría mal cargarnos las cámaras de cuentas autonómicas, más que nada, porque es un trabajo que ya ejecuta la sección correspondiente del Tribunal de Cuentas. Y continuando con las duplicidades a extinguir se me ocurre también jubilar, y nunca mejor dicho, los defensores del pueblo autonómicos que desarrollan la misma labor que el órgano presidido por Francisco Fernández Marugán. Tampoco estaría de más proclamar un contundente “ibasta ya!” a las embajadas regionales diseminadas por toda Europa y que nos salen por la friolera de 150 millones al año. Por no hablar de los 1.578 millones que derrochan cada 12 meses las comunidades en “política exterior”. Que manda huevos. El debate se acaba cuando les desvele cuánto nos cuestan las duplicidades Estado/autonomías. Unos pensarán que hablamos de 1.000 millones, otros cifrarán el dislate en 3.000 y el que más no creo que pase de 6.000. Pues están muy equivocados: 36.000 millones. Vamos, que quitamos los 1.000 de los pensionistas y nos sobran 34.300, que es la madre de todos los pastizales.

Mariano, tenlo claro, más vale cabrear a 17 presidentes autonómicos, propios o ajenos, que sufrir las consecuencias de la ira de 8,5 millones de personas que son un Ejército imbatible en términos estadísticos y emocionales por aquello de que nuestros mayores siempre gozarán de un plus de simpatía por parte del resto de la ciudadanía. Allá tú. Si al soluble envite de Ciudadanos le sumas éste que por su propia naturaleza es insoluble, las posibilidades de que el PP siga en el machito oscilan entre cero y ninguna. Porque dinero, haberlo, haylo. Lo dicho: es cuestión de prioridades.